Cuernavaca, Mor., ¡Mentiroso!, le gritaron Amalia y María Hernández, tía y madre respectivamente de Oliver Navarrete Hernández, a Uriel Carmona Gándara, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuando ante los diputados locales dijo que hay avances en la investigación sobre la inhumación clandestina por parte de la entonces Procuraduría de Justicia del estado de 119 cuerpos, cometida el 28 de marzo de 2014.

¡Miente!, le volvió a gritar desde las gradas María Hernández al fiscal, a quien acusó de nombrar agente del Ministerio Público a Minerva Román para que entorpezca la investigación. La funcionaria, agregó, incluso le ha sugerido que pida un millón de pesos para que ya no exija justicia para su hijo Oliver, víctima de secuestro, desaparición, asesinato e inhumación clandestina en el gobierno del perredista Graco Ramírez.

María recordó al fiscal que de 42 funcionarios involucrados en la inhumación de 119 cuerpos, incluido el de Oliver, sólo a dos se les ha vinculado a proceso (Ana Lilia Guerrero Moreira y Gerson Urrea, titulares de Servicios Periciales de las zonas centro y oriente, respectivamente, en el momento de los hechos denunciados), pero enfrentan el proceso penal en libertad.

La protesta de las dos mujeres se impuso sobre casi todos los trabajadores de la FGE que fueron llevados por el fiscal para que le aplaudieran o abuchearan a los legisladores que lo cuestionaran.

Durante la comparecencia, el diputado José Casas González señaló que la FGE hace mal su trabajo, ya que, dijo, Marcelo N y Javier N, acusados de atentar en junio pasado contra la diputada Érika García Zaragoza, del Partido del Trabajo (PT), fueron liberados la semana pasada.

El legislador exhibió en tribuna dos audios, uno donde supuestamente Marcelo, un presunto integrante del crimen organizado, le exigió a la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, del PT, el pago de 500 mil pesos de apoyos que supuestamente le dieron a la legisladora cuando estaba en campaña. En el otro testimonio se reveló que esos mismos hombres propusieron a Érika García como candidata a diputada por el PT.

La ineficacia de la FGE que encabeza Carmona, según Casas González, quedó en evidencia porque los sujetos mencionados atacaron a la diputada García Zaragoza el 18 de junio pasado y hoy están libres porque la dependencia no aportó elementos suficientes al juez de control para encarcelarlos. Casas aseguró que otros dos diputados están amenazados de muerte y tienen escoltas y autos blindados.