Xalapa, Ver., En el último año del gobierno que encabezó el panista Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018) se detectó un presunto daño al erario estatal por 4 mil 500 millones de pesos, informó el auditor general Antonio Lorenzo Portilla Vásquez, quien presentó ayer el informe de la cuenta pública 2018.

Indicó que entre las dependencias donde se hallaron mayores estragos a la hacienda pública destacan la Secretaría de Seguridad Pública, con anomalías por mil 108 millones 819 mil pesos; en la de Finanzas, por 564 millones 724 mil pesos, y en la de Educación, por 382 millones 617 mil pesos.

Asimismo, en la Secretaría de Desarrollo Social no se aclaró el uso de 270 millones 958 mil pesos; en la Coordinación General de Comunicación Social se descubrieron anomalías por 68 millones 223 mil pesos; y en Infraestructura y Obras Públicas, por 49 millones 638 mil pesos.

En la Secretaría de Gobierno habría un daño por 14 millones 932 mil pesos; en Desarrollo Agropecuario, Rural, Pesca y Alimentación, por un millón 372 mil pesos; en Turismo, por un millón 160 mil pesos, y en la Oficina de Programas de Gobierno, por 456 mil pesos.

El presunto daño a la hacienda pública se habría derivado de inconsistencias en obras públicas y adquisiciones, trabajos no terminados o pagados en exceso, expedientes incompletos, sin proyecto original, y trabajos que no cumplieron con la ley de obras públicas, entre otras irregularidades.

Según la cuenta pública 2018, las secretarías de Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Social, Medio Ambiente, Salud y Protección Civil sólo incurrieron en faltas administrativas.

Ante el Congreso local, Portilla Vásquez informó que se realizaron más de mil 600 revisiones integrales a 328 entes fiscalizables, entre ellos dependencias estatales, organismos autónomos, ayuntamientos, entidades paramunicipales y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción.

Destacó que se reintegraron 40.8 millones de pesos a las arcas estatales y 39.5 millones a la tesorería federal, y se concluyeron 188 obras a las cuales se destinaron 50.7 millones de pesos.

Explicó que, según lo observado en la cuenta pública 2018, 125 de los 212 ayuntamientos veracruzanos registraron daños patrimoniales por 300 millones de pesos.