Con un presupuesto de apenas 20 millones de pesos para el año en curso, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) debe atender un cúmulo de 37 mil 612 expedientes, de los cuales casi 12 mil están clasificados ya en etapa de rezago y suspensión.

Las dos últimas posibilidades en mención se refieren tanto a los casos no resueltos en tiempo y forma –según marca la ley de refugio– y aquellos afectados tras el sismo de 2017, cuando se suspendió la operación de esta comisión, debido a los daños en sus oficinas centrales.

De enero a agosto de 2019 la Comar recibió 48 mil 254 solicitudes, nivel sin precedente desde 2013, que se inició el recuento estadístico en esta materia.

Pese al contexto anterior, el proyecto de presupuesto 2020 para este organismo de la Secretaría de Gobernación marca un aumento insuficiente para atender la creciente demanda, al alcanzar apenas 27 millones de pesos.

Al inicio del año en curso recibió casi 4 mil solicitudes, en un solo mes, y para agosto, el acumulado mensual fue cercano a las 9 mil ­peticiones.

En cuanto a los trámites por resolver, el más reciente reporte de la Comar indica que en rezago son 656 expedientes, mientras en suspensión siguen 11 mil 50.

Los solicitantes de este apoyo del Estado mexicano proceden, principalmente, de cinco naciones: Honduras, El Salvador, Venezuela, Guatemala y Nicaragua.

La tasa de reconocimiento, tanto de refugio como de la modalidad identificada como protección complementaria va de 60 y 78 por ciento para las personas procedentes de Guatemala y Honduras, respectivamente a 98 por ciento, para los venezolanos.

En el top 7 de los reconocidos como refugiados durante el periodo 2013-19 está integrado por Honduras, El Salvador, Venezuela, Cuba, Guatemala, Haití y Nicaragua.

Pese al aumento en el porcentaje de peticiones declaradas positivas, el número de beneficiarios es mínimo. De 2013 a 2019, de 103 mil 157 peticionarios de refugio, se otorgó este reconocimiento a 18 mil 52.