El sector privado no está de acuerdo en que el delito de utilización de facturas falsas sea equiparado con el de delincuencia organizada, comentó Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en reacción a la iniciativa aprobada la víspera en el Senado.

Los empresarios están de acuerdo con la reforma aprobada por el Senado para castigar la creación de empresas fantasma y a quienes emiten facturas falsas, dijo. Sin embargo, expresó su preocupación por que la legislación incluya la posibilidad de que se equiparen esos delitos con los de delincuencia organizada.

Salazar Lomelín indicó que desde que surgió la iniciativa para modificar los códigos Penal, Fiscal de la Federación, Nacional de Procedimientos Penales, así como la Ley de Seguridad Nacional y la Federal de Delincuencia Organizada, el sector que encabeza estuvo atento al desarrollo de ello.

Después de que la reforma que endurece las medidas contra empresas fantasma y el uso de facturas falsas fue aprobada por los senadores, el empresario aseguró que aún hay puntos que les preocupan, los cuales tratarán de suavizar.

Aún inquieta, indicó, que se pueda vincular a la extinción de dominio, pues de llegar hasta ese momento, temen que pueda darse lugar a arbitrariedades.

Resaltó que en la reforma aprobada se logró que las penas sólo se apliquen cuando la evasión fiscal se exceda de los 7.6 millones de pesos, pues las facturas corresponderían a 30 millones de pesos.

Añadió que con ello se elimina automáticamente a casi todos los contribuyentes del país, pero sobre todo que entre los perseguidos se puedan encontrar empresas micro, pequeñas y medianas.

Salazar Lomelín comentó que esto no resuelve del todo el problema, pero insistió en que ha quedado fuera una buena parte de los temas que preocupaban.