eformas fiscales van y vienen y México se mantiene en el último escalón de la OCDE en materia de captación tributaria. Prácticamente todos los gobiernos anteriores anunciaron sus respectivas reformas (por ejemplo, con Peña Nieto, Luis Videgaray anunció que ahora sí vamos en serio), pero en los hechos la evasión legalizada, la elusión, la devolución de impuestos o de plano el no pago fue la norma.

Los gobiernos y sus protegidos, o al revés, han sido por demás creativos a la hora de justificar prácticas fiscales verdaderamente corrosivas para el erario y la mayoría de las reformas no trascendieron el discurso, salvo para el caso de los contribuyentes cautivos. La devolución de impuestos a grandes contribuyentes se convirtió en una inagotable fuente de ganancias para sus beneficiarios, mientras las arcas públicas se mantenían anémicas.

Y de pilón, la creatividad de los evasores echó a caminar la industria de las facturas falsas, por medio de empresas fantasmas y las llamadas factureras que horadaron, aún más, la de por sí enclenque fortaleza del erario. Por cierto, la información más reciente de la OCDE revela que, entre los 36 países que la integran, México ocupa el peldaño inferior y entre las últimas posiciones en el contexto latinoamericano.

Por ello, entre sus primeras medidas, el gobierno de López Obrador acabó de una buena vez con la lucrativa devolución de impuestos a los grandes contribuyentes, y entre las disposiciones más recientes destaca la reforma aprobada por el Senado (falta su ratificación en la Cámara de Diputados) para endurecer las sanciones contra la defraudación fiscal mediante empresas fantasmas y facturas falsas, ilícitos catalogados como parte de la delincuencia organizada.

Sin embargo, a pesar de que tal reforma contó con el voto senatorial mayoritario (fue aprobada por 82 a favor y 34 en contra), los prianistas, más sus perros falderos de lo muy poco que queda del PRD, no quieren que se acabe con el lucrativo negocio y amenazan con presentar una acción de inconstitucionalidad contra las reformas en materia de facturas falsas y empresas fantasmas, aprobadas por el pleno del Senado, y en las cuales se equiparó la defraudación fiscal con delitos de delincuencia organizada y de seguridad nacional ( La Jornada, Víctor Ballinas).

Empresas fantasmas y factureras son totalmente ilegales, pero, dicen los prianistas y falderos que les mueven la cola, que lo ilegal sería la reforma aprobada por el Senado, es decir, aquella que endurece las sanciones en contra de ese tipo de negocios y fortalece al erario. Entonces, ¿de qué tamaño serán los intereses de tricolores, blanquiazules y sus falderos en estos menesteres como para animarse, descaradamente, a promover la inconstitucionalidad de una ley que beneficia a la nación?

La amenaza de una acción de inconstitucionalidad provocó la reacción del presidente López Obrador, para quien, si bien los partidos están en su derecho de hacerlo, tal actitud da pena ajena, pues defienden a defraudadores; eso de las facturas falsas empezó hace unos años y proliferó en el país, y desde luego todas estas cosas fueron protegidas, es decir, había respaldo político. Adivinen quién lo garantizaba.

El mandatario fue más allá: llegar al extremo de que los legisladores se opongan a que se castigue a defraudadores muestra que tienen problemas esos partidos, una profunda descomposición; no es la moral la que los guía.Vamos a defender que no haya facturas falsas, que no haya defraudación fiscal. Si nosotros permitimos esto, no tendríamos recaudación de impuestos. Es una vergüenza que un partido esté defendiendo estas cosas. Y todavía se atreven a autonombrarse representantes populares. Farsantes, simuladores, arribistas, politiqueros, corruptos, etcétera, etcétera.

Las rebanadas del pastel

El saqueo de la estafa maestra de Rosario Robles y compinches es un barril sin fondo: el auditor superior de la federación, David Colmenares Páramo, anuncia cuatro denuncias adicionales, y contando.

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