ntegrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon ayer los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro a partir de las nueve de la mañana, con lo cual impidieron la entrada de la mayoría de los diputados al recinto y obligaron a suspender la sesión parlamentaria. La acción de los docentes se efectuó con el propósito de impedir la discusión de las leyes educativas mientras en éstas no se incluyan sus diversas demandas.

La protesta de este sector del magisterio nacional, históricamente activo en la defensa de los derechos y reivindicaciones de los docentes, resulta difícil de explicar en el contexto actual de apertura –tanto del Ejecutivo federal como del grupo mayoritario en el Congreso– para atender y encauzar sus puntos de vista en el ámbito institucional. Ejemplo de ello es que los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo entre el gobierno federal y la coordinadora ya recogen las demandas más sentidas de la lucha magisterial, como la eliminación de los denominados consejos de participación social –figura creada en el sexenio anterior, mediante la cual se permitía la injerencia de la iniciativa privada y de organismos paraempresariales en la vida de las escuelas–; el paso de todo lo relacionado con evaluación, capacitación y formación docente de la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros a un capítulo de la Ley del Sistema de Mejora Continua –lo cual elimina todo aspecto punitivo en el proceso de evaluación– o el fortalecimiento de las escuelas normales y la integración automática de sus egresados como educadores. De manera adicional, desde la mañana de ayer los diputados de Morena en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados refrendaron su compromiso de no aprobar ningún dictamen mientras continúen las conversaciones entre el mandatario y la CNTE.

En este escenario, cabe hacer un llamado a los docentes para que sigan recurriendo a los canales de comunicación abiertos con la Presidencia y con el Legislativo y canalicen las exigencias que pudieran permanecer insatisfechas por medio de las negociaciones, en el entendido, además, de que la voluntad del Ejecutivo no basta para hacer realidad las modificaciones legales demandadas, pues éstas pasan de manera inevitable por el acuerdo con las bancadas de oposición en el Congreso. Por su parte, los legisladores (tanto oficialistas como opositores) harían bien en relacionarse con el magisterio disidente en un contexto de tolerancia y comprensión hacia sus dinámicas internas y su complejo sistema de toma de decisiones, en el cual los líderes gremiales no pueden activar o desactivar a discreción las manifestaciones de descontento de sus bases, pues todo acuerdo alcanzado por los representantes debe validarse en asamblea.

Por último, no puede pasarse por alto que el presente es un año escolar excepcional y novedoso, pues marca el inicio de la restructuración del financiamiento a la infraestructura material de la educación pública. En este sentido, cabe esperar que las diferencias existentes se resuelvan a la brevedad en términos satisfactorios para maestros, alumnos, padres y autoridades, de manera que se viva un ciclo lectivo sin sobresaltos y que todos los actores mencionados puedan concentrarse en las tareas inaplazables de dignificación de las escuelas.