La Presidencia de la República solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que sea la instancia judicial que resuelva en definitiva un juicio de amparo en el que inicialmente se declaró inconstitucional la desaparición del Programa de Estancias Infantiles para el Apoyo a Madres Trabajadoras.

Sobre el expediente 259/2019, la SCJN informó que admitió a trámite la solicitud de reasunción de competencia formulada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto del Consejero Jurídico del Ejecutivo federal.

En los acuerdos, el máximo tribunal del país determinó que el caso deberá remitirse a la segunda sala para su estudio y análisis, y elaborar un proyecto en torno a si debe confirmarse o no la declaratoria de inconstitucionalidad de las acciones que lleva a cabo el gobierno federal, mediante las cuales ahora otorga un apoyo económico directo de mil 600 pesos bimestrales a cada madre trabajadora para el pago de guardería.

Con esta medida desapareció el Programa de Estancias Infantiles para el Apoyo a Madres Trabajadoras, en el cual cada guardería recibía de manera directa un beneficio de 950 pesos mensuales por cada menor que atendieran.

Los acuerdos de la Corte refieren que de esta manera se suspende el procedimiento en el amparo en revisión 427/2019, y que debía desahogar el segundo tribunal colegiado en materias penal y administrativa con sede en Chihuahua, en tanto la Segunda Sala se pronuncia sobre el fondo del asunto.

En este caso, el juicio de amparo que se encuentra en proceso de revisión del expediente 458/2019, en el cual el juzgado primero de distrito con sede en Chihuahua concedió la protección de la justicia federal a tres madres que eran beneficiarias del Programa de Estancias Infantiles para el Apoyo a Madres Trabajadoras, ella son Anahy López Lugo, Yéssica Lizeth Rodríguez Portillo y Flor Guadalupe Suárez Nájera.

En caso de que el juzgado segundo avale la postura del juzgado de primera instancia, solamente las madres que solicitaron el amparo se beneficiarían con la entrega de los recursos conforme se realizaba hasta antes de 2019.

Respecto a la desaparición del programa, existe una controversia constitucional que está en estudio –promovida por el municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua–, en la que se busca que se declare inconstitucional las acciones llevadas a cabo por el gobierno federal.