El Estado tiene que atender con toda su fuerza la emergencia de violencia en el campo vinculada al crimen organizado, porque las más afectadas son las mujeres, quienes sufren asesinatos, discriminación y desigualdad, expuso la diputada Wendy Briceño Zuloaga (Morena), presidenta de la Comisión de Igualdad de Género.

Durante el foro Desarrollo Rural e Igualdad de Género, la diputada morenista consideró que todos los niveles de gobierno y poderes deben enfrentar la inseguridad, sin negarla, asumir responsabilidades y revisar las leyes municipales y estatales, porque datan de hace 50 años y no se han actualizado.

Esos contextos jurídicos tampoco responden a la nueva realidad social, económica y política que viven campesinas e indígenas, quienes están en pobreza en 62.1 por ciento de los casos. A pesar de que en 63 programas rurales, 42.2 por ciento, son beneficiarias, se han tenido efectos negativos porque reproducen roles de género tradicionales, las colocan como objetos y no sujetas de desarrollo. Son prácticas clientelares que requieren erradicarse.

A decir de la diputada morenista, resulta imperioso desestructurar el modelo patriarcal y que las comunidades autóctonas en los usos y costumbres incluyan a las mujeres en la toma de decisiones. También es primordial empoderarlas económicamente ante la migración de varones, porque 26.7 por ciento son jefas de familia, lo que agudiza la pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonial.

Asignar mejores presupuestos; hacer funcionables las alertas de protección; eliminar el lenguaje sexista, la división sexual del trabajo y la triple jornada laboral sin remuneración, y que hombres y mujeres sean responsables de los cuidados de la familia y quehaceres domésticos en igualdad de circunstancias.

También abordó el gravísimo desajuste cultural que deriva en la abominable violencia contra las mujeres: México tiene grandes pendientes con las mujeres, quienes viven una violencia diferente a la que sufren los varones, ya que se centra en agresiones sexuales y feminicidas. Son condiciones distintas que el Estado debe atender con toda la responsabilidad, además de establecer la tipificación única del feminicidio en el ámbito nacional para avanzar en la protección de sus derechos humanos, repuso.