Es necesario repensar el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), porque ha perdido su naturaleza, pues si bien en principio fue pensado para atender emergencias, ahora se ha confundido con una política pública, señalaron especialistas.

En el foro Reflexiones Actuales sobre Feminicidio, celebrado en la UNAM, Aleida Hernández, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de esa casa de estudios, señaló que ver la alerta como una política pública ha traído consecuencias negativas como el descuido de las obligaciones de instituciones estatales y nacionales para la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Planteó que esto ha generado simulación en la atención de esta problemática y ha llevado a que no exista una real coordinación entre los distintos niveles de gobierno para atender la violencia feminicida o de género.

Desde 2015 se han declarado 18 AVGM en el país y seis más están en proceso, lo que significa que la mitad de México está en alerta por violencia de género, explicó Cécile Lachenal, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Esto representa 295 municipios.

En los primeros seis meses del año, se registraron 448 feminicidios, además de mil 364 homicidios dolosos, lo que deja un total de mil 812 casos de asesinatos de mujeres en 181 días, es decir, 10 por día, según cifras oficiales, añadió la especialista.

Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlín Osorio, víctima de feminicidio cuyo cuerpo fue encontrado hace dos años en Ciudad Universitaria, declaró que existe insensibilidad de parte de las autoridades de la Ciudad de México y otras instituciones para los casos de feminicidio.

Llamó la atención la participación, durante 20 minutos, de Reyna Ramírez Santana, de la Red para el Avance Político de las Mujeres en Guerrero y peticionaria de la AVGM, quien dijo que el grupo de trabajo y seguimiento de la alerta en aquella entidad sólo ha sesionado una vez en dos años, y aseguró que no hay avances, más que en lo legislativo, y falta transparencia en el uso de los recursos.