Las alertas de violencia de género son un mecanismo que no ha dado los resultados esperados: disminuir los feminicidios, desapariciones y abusos contra las mujeres, pero es la herramienta que utilizan las organizaciones para presionar a los gobiernos a combatir estas agresiones.

El problema, aseguran Justicia Pro Persona y Las del Aquelarre Feminista, es que una vez declarada los estados siguen sin atender las recomendaciones que les dirigen. Lo que está de fondo es la inacción del Estado, el llegar una alerta es porque no está implementando la política pública ordinaria y después se enfrenta a que siga sin hacer lo que se le pide, dijo Ana Yeli Pérez Garrido, directora de Justicia Pro Persona, una de las organizaciones solicitantes de la alerta de género en la Ciudad de México.

Según datos oficiales que fueron publicados ayer por La Jornada, de enero a julio de este año se han perpetrado 540 feminicidios en el país y tan sólo en julio –el segundo mes más violento del año–, se registraron 85.

El estado de México es la primera entidad donde se declaró la alerta de género en 2015, es un ejemplo de que no ha sido eficaz. Tan sólo el mes pasado se colocó en el segundo estado con más asesinatos de mujeres por razones de género (11), por debajo de Veracruz (16), que también cuenta con dos alertas. A cuatro años de haberse declarado, más de mil 450 mujeres han sido asesinadas y sólo 334 casos han sido catalogados como feminicidios.

Además, a finales de 2018, organizaciones como IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos AC, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, entre otros, solicitaron una segunda alerta de género para el estado de México ante la gravedad de casos por desaparición de mujeres.

Pérez Garrido indicó que se requiere hacer cambios al mecanismo para lograr una mejor aplicación, para eso se necesita reconocer cómo se identifican las problemáticas, qué recomendaciones se hacen para enfrentarlas y cómo se mide la efectividad de las políticas que se siguen.

Ana Elena Contreras, de Las del Aquelarre Feminista, activista que ha impulsado la alerta en la Ciudad de México, dijo que una de las faltas que se ha identificado es que servidores públicos en toda la línea de acceso a la justicia de manera permanente han estado obstaculizando el acceso a la justicia y no han tenido ningún tipo de consecuencia. Se pronunció porque haya acciones para quienes no acaten los procesos y cuando se presente una reincidencia haya remoción del cargo y una inhabilitación completa.

Además, dijo que se requiere mayor observancia en el presupuesto que se asigna a los estados para el cumplimiento de las alertas de género, pues no baja a los municipios para atender las recomendaciones.