La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentará siete denuncias adicionales relacionadas con el caso de la Caja Libertad; sin embargo, reiteró que los ahorradores de esa casa financiera no deben temer por su patrimonio.

Santiago Nieto Castillo, titular de la instancia que busca coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dijo en entrevista que el dinero de los socios de la sociedad financiera popular (Sofipo) está protegido, de acuerdo con la normatividad bajo la que se rigen las instituciones del sistema financiero, con el fin de no arriesgar su patrimonio.

Sin embargo, sostuvo que los casos de lavado de dinero que se encuentren en la Caja Libertad serán denunciados.

Hasta el momento se han denunciado 10 casos y comentó que este miércoles se presentarán siete denuncias adicionales, pero no detalló contra quiénes son.

Acotó que la decena de casos encontrados en ese ente microfinanciero, cuyo presidente del consejo directivo era Juan Collado, es un número muy bajo, pues esa Sofipo tiene más de 2 millones de cuentas.

Recordó que el récord histórico de denuncias de la UIF era de 113, pero ya contando con los casos que han surgido por la Sofipo Libertad, la dependencia suma 118 querellas vinculadas.

Políticamente expuestos

Por otra parte, Nieto Castillo comentó que en conjunto con la Secretaría de la Función Pública (SFP), la UIF está realizando una base de datos de funcionarios públicos a nivel federal, así como información en el ámbito estatal y municipal para contar con un catálogo y saber quienes son personas políticamente expuestas.

Explicó que el Grupo de Acción Financiera Internacional obliga a que a través de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, todos los actores como contadores o notarios públicos puedan identificar a sus clientes o socios, particularmente a quienes sean personajes políticamente expuestos, aunque también pueden ser artistas, empresarios, personas que tengan relevancia pública y que puedan estar en situación de riesgo de lavado de dinero.

El funcionario federal comentó que con esta plataforma los notarios públicos o contadores podrán verificar quién será el usuario final de los servicios y así se evitarán actos de corrupción.