El senador de Morena Germán Martínez Cáceres encabezará un grupo de legisladores que tendrán a su cargo la reforma del Poder Judicial, que se iniciará en cuanto arranque el periodo de sesiones el primero de septiembre.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, precisó que el ex director del IMSS tendrá la responsabilidad de lograr un gran acuerdo en que participe la Suprema Corte, la Fiscalía General de la República, el Consejo de la Judicatura, así como juristas, académicos y especialistas en la materia, en torno a las modificaciones legales necesarias que permitan modernizar el sistema judicial y erradicar la corrupción.

Expuso que la reforma es urgente, inaplazable e irrenunciable, como lo planteó su grupo parlamentario desde noviembre pasado y se hará conjuntamente con los involucrados. Por ello, habló ya con los ministros de la Suprema Corte, con el presidente de ese tribunal, Arturo Zaldívar, con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y con directivos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la UNAM, quienes aceptaron participar en un gran foro sobre las modificaciones legales requeridas. La intención, reiteró, es que sea una reforma consensuada con el Poder Judicial que deje atrás la impresión de un enfrentamiento con el Legislativo, que surgió a fines del año pasado cuando Morena insistió en la urgencia de acabar con el nepotismo y otras prácticas de corrupción recurrentes entre los más de mil 400 jueces y magistrados.

La bancada de Monreal ha presentado ocho iniciativas de ley en la materia, una de ellas para que haya rotación y no puedan permanecer más de seis años en un juzgado o tribunal, con miras a evitar formación de cotos de poder.

De acuerdo con estudios del grupo parlamentario, en la actualidad los jueces se mantienen por décadas y ubican a familiares y amigos en el juzgado a su cargo, además de que establecen relaciones indebidas con los litigantes y defensores de criminales.

Otras iniciativas se encaminan a que haya una justicia pronta y expedita, y se acabe con resoluciones que liberan a delincuentes.

De forma paralela, la pretensión es que el Poder Judicial se sume a la austeridad, a fin de dis-minuir los altos salarios de ministros, jueces y magistrados, los que perciben los ingresos más altos dentro del servicio público.