Guadalajara, Jal., El juzgado octavo administrativo, civil y del trabajo rechazó la solicitud de amparo colectivo que promovieron siete estudiantes de la facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara (UdeG), contra el aumento de 35.71 por ciento a la tarifa del transporte público.

Señalaron que impulsados por retribuir a la sociedad algo del costo de la educación pública que reciben, presentaron 5 mil 20 firmas y al menos 4 mil boletos de transporte público, que en días recientes fueron recabados en plazas públicas; sin embargo, el miércoles el juez decidió no admitir su denuncia.

Señalaron que hay decepción, porque ya habían presentando otra demanda de amparo firmada por 25 ciudadanos, la cual sí fue admitida el 6 de agosto por el juzgado 14, con el expediente 1692/19, y la audiencia se fijó para el 2 de septiembre en la que se desahogarán los alegatos y el juez pronunciará su decisión.

Erubey Orozco, uno de los estudiantes de la facultad de Derecho de la UdeG que promovieron la iniciativa, dijo que luego de la negativa del juez para admitir el segundo amparo, presentarán ante un tribunal colegiado un recurso de queja para que se reponga el procedimiento, ya que el juzgador sólo señaló que los quejosos no representaban ni a los usuarios ni un interés legítimo.

Partidos alistan demandas

Por su parte, los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional también preparan demandas colectivas similares contra el tarifazo, las cuales esperan presentar la semana entrante.

A pesar de la negativa del gobierno estatal por regresar a la antigua tarifa, las manifestaciones de diversos grupos y la organización de nuevas marchas continúa, además de pronunciamientos de especialistas acerca del alza a tarifas de transporte avalado por el gobernador Enrique Alfaro.

La Federación de Estudiantes Universitarios, en coordinación con el Departamento de Economía de la UdeG, hizo un estudio sobre cuánto puede pagar la gente por transporte y se determinó que el incremento de 35 por ciento es incosteable para la mayoría de ciudadanos.

El costo de 9.50 pesos significa un duro golpe para el bolsillo de los trabajadores, parece que los estudios oficiales no consideran el contexto social, la situación económica y el comportamiento de los precios al alza, dijo Héctor Luis del Toro, investigador del Departamento de Método Cuantitativo de la UdeG.

Resaltó que no quedó claro qué criterios tomaron en cuenta para fijar una tarifa social, que según el gobernador es de 9.50 pesos, pues basado en estudios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 69 por ciento de la población en Jalisco gana de uno a tres salarios mínimos.