Tres funcionarios que laboraron en el Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal), entre ellos el ex director Fidel Armando Ramírez, fueron vinculados a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, al presuntamente condonar un adeudo por 3.1 millones de pesos a una empresa, informó la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco.

Además de Ramírez fueron vinculados Salvador Méndez Castillo y Francisco Javier Ramos Alvarado, ex directores de Promoción y Vivienda en la pasada (2013-2018) y antepasada administración (2007-2013), respectivamente.

La fiscalía estatal solicitó medidas cautelares para que los vinculados a proceso firmen los primeros cinco días de cada mes y no salgan del país, medidas que fueron autorizadas por el juz-gador de control, así como el cierre de la investigación por un periodo de tres meses, mismo que concluye el 12 de noviembre de 2019, detalló.

Arrendaron un edificio propiedad del Ipejal

La dependencia explicó que la acusación se hizo porque presuntamente se arrendaba un edificio propiedad del Ipejal a una empresa, ubicado en Plaza Tapatía en el centro de Guadalajara y se le condonó un adeudo por la cantidad señalada.

Ex autoridad de la SEPH, culpable de peculado

En Pachuca, Hidalgo, el Tribunal de Enjuiciamiento declaró culpable de peculado a José Antonio Turrubiarte, ex director general de recursos financieros de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) durante la administración priísta de Francisco Olvera Ruiz (2011-2016).

Según empleados de la SEPH, Turrubiarte dispuso de 44 millones 203 mil 192 pesos que correspondían al pago de impuesto sobre la renta en 2014. El dinero supuestamente lo usó para gastos personales y en los registros contables de la institución fue reportado como pasivo.

De acuerdo con los jueces Lizbeth Arlene Chávez Rizo, Rosa María Escamilla Reyes y Rafael Souverbille García, en el proceso que duró seis meses se recabaron evidencias obtenidas por un perito de la Procuraduría General de Justicia de la entidad.

Por multas y recargos que se acumularon por dos años, ese monto aumentó a 126 millones y fue pagado el 29 de septiembre de 2016 –ya en la administración actual– por la Secretaría de Finanzas de la entidad. Así, sólo resta que el 23 de agosto un juez fije sentencia, la cual podría ser de 12 años de prisión, como lo solicitó Lidia Ramírez Cruz, agente del Ministerio Público.

También podría ser condenado al pago de una multa de 500 días de salario mínimo, que equivale a 51 mil 340 pesos.