Al tiempo que iniciaba el sexenio de Enrique Peña Nieto y se ponía en marcha su programa social insignia, la Cruzada contra el Hambre, también daba comienzo una operación fraudulenta desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), a cargo de Rosario Robles Berlanga, que ya para 2015 contabilizaba 845 millones de pesos, de acuerdo con las Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Hoy, esas acusaciones de malos manejos del erario llegan a más de 5 mil millones de pesos, porque incluyen otras operaciones en la misma Sedesol, más otras similares en la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) durante el tiempo en que también fue titular la ex funcionaria sujeta a proceso penal desde el martes.

En marzo de 2015, La Jornada documentó cómo a través de las universidades públicas autónomas del Estado de México (UAEM) y de Morelos (UAEMor) se simularon operaciones financiadas con partidas públicas provenientes de la Sedesol –al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público–, que en 2013 había entregado a esas dos casas de estudio mil 555 millones 725 mil pesos para realizar actividades relacionadas con programas federales y que éstas no habían cumplido.

Un mes después, ante diputados federales de la Comisión de Vigilancia, el entonces auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, insistió en que la Sedesol y las instituciones educativas no habían corregido hasta ese momento las irregularidades detectadas en las auditorías.

Entonces sólo se identificaba a esas dos universidades públicas y se les señalaba por una simulación de operaciones por 440 millones de pesos en contratos asignados por la Sedesol en 2013 y que malversaron mediante un mecanismo de subcontratación de empresas que, o bien eran fantasmas (inexistentes), no cumplían en sus actividades el trabajo para el cual habían sido seleccionadas, o sencillamente no habían entregado los productos motivo del convenio firmado.

Todavía en septiembre de ese año la ASF (Robles había dejado la Sedesol 10 días antes) denunciaba que había 845 millones de pesos sólo de la Cruzada contra el Hambre que permanecían sin aclaración.

La nota de este diario resaltaba además el conjunto de acciones no solventadas que hasta ahora vinculan irregularidades detectadas en convenios de la Sedesol con las universidades autónomas del Estado de México (UAEM) y de Morelos, entre otras instancias...

Desde la primera cuenta pública que revisó la ASF en 2013 al gobierno de Peña Nieto, el organismo ya advertía de operaciones irregulares que en su momento, al detectarse inicialmente, se calificaron de actos de negligencia, pero al paso del tiempo la recurrencia de esta práctica permitió a esa instancia fiscalizadora identificar un modus operandi que escondía un entramado para malversar el dinero público en una, ahora se ve, abierta complicidad, entre la dependencia a cargo de Robles con instituciones de educación superior.

Un patrón que se repetiría más tarde durante su gestión como titular de la Sedatu, cargo en el que concluyó el sexenio con el mismo esquema de triangulaciones para omitir procesos licitatorios.