Integrantes de la Alianza Estratégica Pesquera lamentaron la política de puertas cerradas del gobierno federal. Durante dos días, trabajadores del ramo se manifestaron en la Ciudad de México en busca de diálogo y realizaron protestas en diversos estados.

Solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador establecer una política pública de desarrollo e impulso a la pesca y acuacultura del país ante la captura furtiva e ilegal, los altos costos de los combustibles y la importación masiva de productos del mar que mantienen en la quiebra financiera a más de 350 mil familias de pescadores.

Al respecto, Raúl Elenes Angulo, titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), sostuvo que está en diálogo permanente con los trabajadores y cooperativas para resolver las principales problemáticas del sector, y dijo que la protesta en Palacio Nacional habría sido para llamar la atención del mandatario, con el fin de que ejerza algún tipo de acción adicional y así apoyar a la pesca.

El funcionario expuso que algunas demandas como resolver el alto precio de los combustibles son asuntos que la Conapesca no puede resolver por sí sola, pero dijo que se trabaja en ello, así como en dar solución al tema de la importación de productos marinos, aspecto en el que también están involucradas otras dependencias.

Sobre el combate a la pesca furtiva, comentó que los recursos destinados a ese aspecto son superiores a los 8 millones señalados por los miembros de la Alianza, pero se perfila que en 2020 haya más dinero destinado a esa tarea.

Los presidentes de la Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras, Aureliano Aldana Rivera; de la Unión de Armadores del Litoral del Océano Pacífico, Omar Lizárraga Manjarrez, y de la Confederación de Organizaciones Acuícolas del Estado de Sinaloa, Carlos Urías Espinoza, encabezaron las protestas de los poco más de 2 mil pescadores que se trasladaron a la Ciudad de México.

Aldana Rivera aseguró que es necesario regular la pesca irracional e ilegal de la sardina, pues las embarcaciones –algunas con capacidad mayor a las mil toneladas– depredan el camarón, la jaiba, la escama marina y otras especies, pues no respetan las vedas y producen un grave daño a la sustentabilidad de los productos marinos que requieren equilibrio.

Puntualizó que es urgente que el gobierno destine un presupuesto suficiente y adecuado para la pesca y la acuacultura, pues los recortes a este rubro han colocado a miles de familias que se dedican a esta actividad al punto de desaparecer.

Lizárraga Manjarrez expuso que es urgente recuperar e incrementar los presupuestos que en los años recientes han sido recortados de manera inexplicable y expuso que los pescadores y acuicultores deseamos participar en la elaboración del Presupuesto de Egresos 2020, ya que este sector es tan importante como el agrícola.