En México, las víctimas de armas de fuego traficadas desde Estados Unidos se cuentan por miles, mientras que del otro lado del río Bravo la débil regulación para la compra, venta y posesión de equipo considerado de uso exclusivo de las fuerzas armadas ha impulsado por más de una década que los cárteles de las drogas hayan adquirido ilícitamente alrededor de 2.5 millones de armas de grueso calibre a través de esa frontera, coinciden informes de autoridades nacionales y estudiosos del tema.

Estimaciones de la hoy Fiscalía General de la República (FGR) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública refieren que al año ingresan ilegalmente al país unas 250 mil armas de fuego, entre ellas armas largas (AK-47), granadas de diversos tipos, lanzacohetes, cohetes, lanzagranadas y ametralladoras, en ese rubro las llamadas Barret calibre 50 que tienen capacidad para derribar aeronaves.

En tanto, de acuerdo con cálculos de un programa de la Universidad de San Diego, California, que fueron citados por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se estima que cada año más 200 mil armas de fuego cruzan de contrabando a través de la frontera entre Estados Unidos y México.

En ese contexto, la historia del tráfico de armas es lo que no se ha contado de la guerra contra las drogas que ha tenido impacto no sólo en México, sino en toda América Latina, declaró en entrevista telefónica con La Jornada David A. Shirk, del proyecto Justicia en México, de la Universidad de San Diego, California, uno de los pioneros en analizar el camino ilegal de armas de Estados Unidos.

Shirk, quien es coautor del reporte La ruta de las armas: estimaciones del tráfico de armas a través de la frontera EU-México, publicado en marzo de 2013, explica que el flujo ilícito es resultado casi natural de la dinámica de un mercado gris en la zona limítrofe.

Ello toda vez que mientras en Estados Unidos la regulación de la venta y el movimiento de este armamento de una persona a otra está muy descontrolada, las normas en México para la adquisición legal de estos objetos son muy estrictas.

En un texto titulado Tráfico de armas EU-México, la cancillería explica que el problema se agravó desde que en 2004, en Estados Unidos expiró la prohibición federal de armas de asalto, que restringía la fabricación, transferencia y posesión de armas semiautomáticas para uso civil.

En un reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que data de 2010, esta agencia ya advertía que Estados Unidos es una fuente conveniente de armas para criminales en México.

A su vez, pesquisas realizadas por Shirk, junto con otros estudiosos del tema, confirman que una porción significativa de los vendedores de armas en la región fronteriza dependen de la demanda en nuestro país.

El especialista explica que muchos de los negocios que ofrecen este equipo son pequeños proveedores, por lo que no podrían sobrevivir económicamente sin la venta a compradores en territorio mexicano o incluso en el latinoamericano.

Un crimen cada media hora

En la investigación Más allá de nuestras fronteras, publicada por el Centro para el Progreso de América (Estados Unidos), los especialistas Chelsea Parsons y Eugenio Weigend Vargas expusieron que –según datos del gobierno estadunidense– de 2014 a 2016, en 15 países de América del Norte, América Central y el Caribe, se recuperaron 50 mil 133 armas que se originaron en Estados Unidos como parte de investigaciones criminales.

Dicho de otro modo, durante este lapso se utilizaron armas de origen estadunidense para cometer crímenes en países cercanos aproximadamente una vez cada 31 minutos, se lee en el texto.

Sobre los métodos que se emplean para traficar las armas, la SRE expuso tres modalidades. Una llamada Gun Show (Muestra de Armas). Aquí, traficantes adquieren directamente arsenales en bazares de armas, en los cuales, por lagunas en la legislación, no piden verificación de antecedentes a compradores ni tienen límites en la venta.

Otra es la llamada Gun Store (Tienda de Armas), consistente en que en las tiendas de armas, donde se realizan verificaciones universales de antecedentes criminales, los traficantes utilizan compradores de paja o prestanombres. Una tercera fuente es el robo a armerías o a propietarios legales.

Estados Unidos tiene la obligación moral de mitigar su papel en el armamento de la violencia letal en el extranjero, opinan Parsons y Weigend Vargas en su investigación.

Informes de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) a los que se tuvo acceso, señalan que las rutas de tráfico de armas que comienzan en las entidades fronterizas con Estados Unidos, pero que parten mayormente desde ciudades como Tijuana, Baja California; Nogales, Sonora; Ciudad Juárez, Chihuahua; Piedras Negras, Coahuila; y en la llamada fronteras chica en Tamaulipas, abarca a los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.

Según los documentos de la PGR elaborados por el Centro de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), las rutas de Tijuana y Nogales se unen para recorrer toda la región del Pacífico mexicano, en tanto que la ruta que parte de Ciudad Juárez transita Chihuahua, pasa Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán y arriba a la Ciudad de México, para luego abrir la distribución hacia entidades como Guerrero y Oaxaca.

En tanto que los informes de la ex PGR también consideran que la ruta que parte de los municipios fronterizos de Tamaulipas recorren toda la zona del Golfo de México, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y también comercializan con grupos en la capital del país.