La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante un juez federal pruebas con las que sostiene que Rosario Robles Berlanga conocía la operación de una estructura paralela a la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en la que llevaba a cabo firma de contratos y convenios sin licitación, así como falsificación de documentos para desviar recursos.

En la audiencia inicial donde se dieron a conocer imputaciones en contra de Robles, los fiscales refirieron que la ex titular de Sedesol y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), conoció desde hace cinco años las denuncias de subalternos y también de al menos 12 reportes que le hizo llegar la Auditoría Superior de la Federación en 2015, donde se informaban las irregularidades cometidas.

Durante la exposición de las pruebas, se presentaron los testimonios de José Antolino Orozco Martínez, ex jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional y María del Carmen Gutiérrez Medina, ex jefa de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional en la Sedatu y la Sedesol, quienes refirieron que los funcionarios implicados eran citados con frecuencia en oficinas alternas a las dependencias. Ahí, según los subalternos se realizó simulación de contratos pactados que bajaban de Internet. Rosario Robles no evitó las conductas irregulares de terceros y no administró con transparencia y honradez los recursos de ambas secretarías.

La defensa de Rosario Robles intentó que el juez Felipe de Jesús Delgadillo difiriera la audiencia, ya que había una suspensión provisional de un co imputado, concedido en el juzgado tercero de Chiapas, que supuestamente impedía la celebración de audiencias. El abogado no reveló el nombre del interesado, pero se trata de Emilio Zebadúa, ex oficial mayor en las distintas gestiones de Robles.

▲ Rosario Robles asiste a juzgado del Reclusorio Sur.Foto Marco Peláez

El juez respondió de manera enérgica y contundente que no había motivo para diferir la diligencia. No se va a diferir por el amparo provisional de un co imputado, de una persona que se reserva el nombre, no se puede diferir porque se refiere a otra persona. No intente diferir la audiencia tramposamente, así que guarde silencio y acate mi determinación.

Entre los datos de prueba, el Ministerio Público Federal presentó 27 contratos que ex funcionarios de Sedesol y Sedatu firmaron con universidades estatales y politécnicas, y entes públicos que no tenían la experiencia ni capacidad técnica para realizar los servicios contratados. El único que firmó Robles Berlanga fue en julio de 2015 entre la Sedesol y la Universidad Autónoma del estado de Chiapas por 60 millones 900 mil pesos. En el resto se mencionó a Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de las dependencias y Ramón Sosamontes, ex director de Comunicación Social de la Sedesol, ambos colaboradores cercanos a la ex jefa de gobierno, como los involucrados en la realización de esos contratos.

El pueblo conoce a plenitud este asunto que ha lastimado a México. La imputada como secretaria de Estado tuvo pleno conocimiento de actos irregulares que causaron daño al patrimonio de la nación, apenas tuvo una conducta reiterada de actos indebidos, por ello le pedimos señor juez se vincule a proceso, demandó al juez la fiscal Mónica Martell Olguín.