l exhorto del actual Presidente de la República es el mismo que ha hecho siempre, prácticamente desde que se legalizó el uso de recursos públicos federales para financiar a los partidos políticos, y su llamado se fundamenta en que la factura para la ciudadanía es enorme y creciente, en especial si se consideran los exiguos resultados de esas empresas privadas maquilladas con colores partidistas.

En la mañanera del pasado miércoles el presidente López Obrador exhortó a los dirigentes de los distintos partidos políticos a regresar 50 por ciento de los recursos públicos que reciben. Luego de que el Instituto Nacional Electoral anunció que solicitará para el próximo año 5 mil 239 millones de pesos para financiamiento de los partidos, el mandatario llamó a los dirigentes a ser consecuentes. No pueden estar recibiendo tanto; tienen que reducir sus gastos y devolver el dinero a la hacienda pública, un porcentaje de esas prerrogativas. Es un llamado respetuoso, no es una orden, no es por la fuerza (La Jornada).

Los partidos políticos ocupan los últimos escalones en lo que aceptación ciudadana se refiere, y de acuerdo con la evaluación de la ONG Latinobarómetro apenas 11 por ciento de los mexicanos considera (mucho o algo) que son dignos de su confianza. Una década atrás, de acuerdo con la misma fuente, ese indicador fue de 17 por ciento. Sólo para la nostalgia, en 1995 fue de 40 por ciento.

Paralelo al desplome de la confianza ciudadana y la ausencia de resultados para ella, los partidos políticos han incrementado sostenidamente sus haberes mediante el erario, y tan solo en el transcurso del presente siglo (hasta 2018) de las arcas públicas salieron 70 mil millones de pesos (se incluyen los dineros obtenidos por los partidos políticos nacionales que en el periodo perdieron el registro, que se quedaron con 6 mil 400 millones) para su financiamiento, de acuerdo con información de la Cámara de Diputados. Y para 2019 esperan que les lleguen 5 mil 239 millones adicionales.

Al conocer el citado exhorto, como siempre (casi todos) los partidos políticos comentaron que es viable el recorte del financiamiento público, pero sin presiones, es decir, siempre bajo la sabia filosofía del Son de la Negra: a todos diles que sí, pero no les digas cuándo (mucho menos cuánto). En vía de mientras, sólo estiran la mano para que el erario los atienda (no hay prisa, pues).

En esto no podía faltar el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien dijo que el asunto de los dineros es una decisión que toca resolver a las fuerzas políticas, aunque vale la pena revisar el monto de financiamiento público sin afectar las necesidades reales de gasto que tienen; una reducción sin sustento podría abrir la puerta al dinero ilícito en las campañas electorales; si se cierra demasiado la llave a los partidos, se les puede colocar en una posición de buscar recursos donde no conviene a nadie.

Bueno, pero ¿en serio el consejero presidente puede sostener que en las campañas políticas no hay dinero ilícito, que no se cuelan recursos que no convienen a nadie? ¿Pues qué elecciones supervisa? De cualquier forma, cuando Córdova defiende el financiamiento público a los partidos políticos hace lo propio en lo que a él toca.

La información de la Cámara de Diputados documenta que tan solo en el transcurso del presente siglo (hasta 2018) el IFE-INE recibió 213 mil millones de pesos. Del año 2000 al 2018 tal asignación se incrementó cerca de 200 por ciento, con una inflación (medición oficial del Inegi) de 113 por ciento. Súmense el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales: 33 mil 821 millones de pesos y casi 2 mil 100 millones, respectivamente.

En síntesis, casi 320 mil millones de pesos entre todos, incluidos partidos, y no tienen llenadera.

Las rebanadas del pastel

Y en la danza de los dineros, Rosario Robles con un pie dentro de la cárcel por el desvío de 5 mil millones de pesos durante su paso por Sedesol y Sedatu.

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