osario Robles Berlanga decidió ir personalmente ante un juez para cumplir con la primera diligencia relacionada con el sistema de saqueo de la riqueza pública conocido como la estafa maestra. Pudo haberse hecho representar por su defensor jurídico, el penalista Julio Hernández Barros, invocando presuntas o reales violaciones procesales y un clima adverso que podría intimidarla o retraerla.

Pero no se acogió a tal posibilidad de elusión y, tal como había hecho saber con toda oportunidad, llegó a las oficinas judiciales del Reclusorio Sur para iniciar un camino que podría significarle una sentencia de años de cárcel, una exigencia de resarcimiento de miles de millones de pesos y una mancha imborrable en su carrera política llena de sobresaltos y acusaciones desde 2000, cuando fue jefa sustituta de Gobierno, relevada por el ganador capitalino de aquel año, Andrés Manuel López Obrador, quien arrancó en aquella fecha la acometida contra una izquierdista en proceso de pasar a filas contrarias.

La economista egresada de la UNAM se ha convertido así en la primera secretaria del gabinete que presidió Enrique Peña Nieto en pisar una instalación judicial bajo firme acusación de actos corruptos. Hasta hoy, es la excepción a una regla de amnistía política, judicial y administrativa que el presidente López Obrador ha sostenido de manera explícita y que la Fiscalía General de la República, técnicamente autónoma pero políticamente sujeta a Palacio Nacional, ha secundado.

A pocos de quienes conocen los entretelones de la larga caminata de López Obrador rumbo al poder ha de asombrar que Robles Berlanga esté hoy frente a un juez: era casi un episodio obligatorio. Considerada una traidora a la izquierda y en particular al movimiento encabezado por el político tabasqueño en los partidos de la Revolución Democrática y Morena, Rosario ha tenido una suerte cantada en el escenario de la autodenominada 4T.

Falta ver si el ánimo justiciero mostrado respecto a quien fue titular de Sedesol y de Sedatu se extiende a otros miembros que fueron del citado gabinete peñista de la hipercorrupción. Sobran nombres de ex funcionarios públicos que merecerían investigación y eventual sujeción a proceso: Gerardo Ruiz Esparza (SCT), Miguel Ángel Osorio Chong y Alfonso Navarrete Prida (Segob), José Antonio Meade y Luis Videgaray (Hacienda y Relaciones Exteriores, y el primero también Sedesol), Claudia Ruiz Massieu (SRE), Luis Miranda Nava (Sedesol), Rafael Pacchiano (Semarnat), Pedro Joaquín Coldwell (Sener), Virgilio Andrade (SFP), Aurelio Nuño (SEP), Jesús Murillo Karam (PGR y Sedatu) y Alberto Elías Beltrán (PGR). Una lista, desde luego, incompleta y preliminar.

Por lo pronto, Robles Berlanga ha pasado horas frente a un juez, ya señalada como presunta responsable de una conducta omisa que habría significado daños a la hacienda pública por más de 5 mil millones de pesos. A reserva de conocer los detalles de esa comparecencia, en distintos planos pero con insistencia sistemática aparece el nombre de Emilio Zebadúa como uno de los principales personajes orquestadores de las maniobras englobadas en el título de la estafa maestra. Zebadúa fue oficial mayor en las secretarías que Robles ocupó y, según las versiones hasta ahora conocidas de las investigaciones en curso, habría tenido un papel operativo fundamental en las maniobras de corrupción que involucraron al primer nivel del aparato administrativo de esas secretarías y a colaboradores externos, como rectores de universidades públicas y funcionarios de oficinas de diversos estados del país.

Y mientras Vicente Fox Quesada sigue jugando a ser la Chimoltrufia de la política mexicana, que un día dice una cosa y al siguiente dice otra, ayer el ex presidente de la República anunció que por elección propia ha renunciado al equipo militar de seguridad que meses atrás había solicitado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el contexto de un fumado episodio de presunto intento de ataque armado a sus prósperas propiedades en Guanajuato, ¡hasta el próximo lunes!

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