Guadalajara, Jal., Armando García Estrada, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa cuyas cuentas bancarias fueron congeladas el lunes pasado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) –al igual que las de otros dos juzgadores– por estar acusado de corrupción, responsabilizó al gobernador Enrique Alfaro Ramírez de estar detrás de la ofensiva legal en su contra y dijo temer por su integridad.

Voy a empezar a gestionar lo que me corresponde. Primero, por mí y por mi familia. Lo demás ya no me importa hasta dónde llegue, y si es preciso pago hasta con mi vida, pues temo por ella, afirmó García Estrada.

El magistrado aseguró que desconoce los motivos por los que sus cuentas están congeladas.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP ordenó detener cualquier movimiento en las cuentas de García Estrada, así como las de los magistrados Alberto Barba Gómez, también del Tribunal de Justicia Administrativa, y Celso Rodríguez González, quien preside la sexta sala en materia penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

En mayo pasado, Alfaro Ramírez fue comisionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para encabezar una mesa de trabajo que revisara el actuar de jueces en los estados, luego de una reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores.

El programa comenzó en Jalisco y se presentaron denuncias ante las fiscalías del estado y General de la República, lo que dio paso a indagatorias de la UIF, la cual halló que el patrimonio de los magistrados señalados no correspondía con los ingresos derivados de sus cargos.

Los tres han recibido numerosos señalamientos por sus resoluciones, en especial los jueces del Tribunal de Justicia Administrativa, quienes dictaminaron a favor de aprobar desarrollos inmobiliarios que los ayuntamientos rechazaron por no cumplir requisitos municipales y porque se pretendía construirlos en zonas irregulares.

En 2016 el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, presentó denuncias penales y de juicio político contra Alberto Barba por sus sentencias, que consideró irregulares.

Asimismo, la comisión de responsabilidades del Congreso local aprobó en 2018 radicar una solicitud de juicio político contra García Estrada, proceso estancado desde entonces.

En marzo pasado el gobernador Alfaro Ramírez revocó el nombramiento de notario a Rodríguez González, que obtuvo en 2012, cuando presidía el STJE. Celso Rodríguez sigue como magistrado gracias a un amparo.