La Fiscalía General de la República (FGR) detalló a un juez federal los delitos que imputa al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, que incluyen asociación delictuosa y cohecho; los cuales no ameritan prisión preventiva oficiosa.

El ex funcionario ya contaba con una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que habría cometido con la compra que hizo Pemex de la empresa Agronitrogenados a Altos Hornos de México (AHMSA).

Al recibir el informe de los cargos, el juzgado décimo cuarto de distrito de amparo en materia penal emplazó a la FGR para que en las próximas 48 horas aclare los alcances e implicaciones de estas imputaciones, para determinar su gravedad.

Mientras, la defensa del ex director de Pemex presentó ante el juzgado octavo de distrito en materia penal documentos que –afirma– probarían que fue el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), de la Secretaría de Hacienda, el que cambió la cotización que hizo de la planta de Agronitrogenados, adquirida a AHMSA, por orden directa de un alto funcionario.

Entre los documentos que el abogado Javier Coello Trejo entregó para tratar de exculpar a Lozoya Austin, figuran estados de cuenta del Deutsche Bank a nombre de Helene Eckes, esposa del ex director de Pemex, que demostrarían que parte de los fondos que la Fiscalía General de la República alega son fruto de actos de corrupción, provienen de inversiones y negocios que su cónyuge tiene en Alemania.

También se incluyen otros documentos financieros y bancarios que probarían que parte de la riqueza de Lozoya Austin proviene de sus asesorías a empresas petroleras internacionales, trabajo que desempeñó durante los años en que vivió en Alemania.

La estrategia de defensa de Emilio Lozoya se centra en tratar de probar que la adquisición de la planta de Agronitrogenados no fue una decisión unipersonal, sino que pasó por el Consejo de Administración de Pemex, en donde participaron varios secretarios de Estado, e incluso que se notificó de esta operación al entonces presidente Enrique Peña Nieto, mediante un acuerdo emitido el 11 de noviembre de 2013.

La jueza Luz María Ortega Tlapa citó a audiencia para el próximo 7 de agosto, con el fin de evaluar si los documentos entregados por los abogados de Lozoya Austin son aceptados como indicio de prueba para el juicio que se sigue en su contra.

Por otra parte, su abogado, Javier Coello Trejo, desestimó que el Gobierno Federal pueda promover la extinción de dominio sobre la residencia de Lozoya Austin en Lomas de Bezares, Ciudad de México.

El defensor respondió así a las afirmaciones que en la víspera hizo el director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, Ricardo Rodríguez, quien aseguró que esta propiedad, localizada en la calle Ladera número 20, pasaría a manos de la nación para luego ser subastada.

Coello Trejo apuntó que desde inicios de este mes promovieron ante el juzgado décimo tercero de distrito de amparo en materia penal un juicio donde buscaban recuperar el inmueble en cuestión, actualmente incautado por la FGR, y que como medida cautelar el juez otorgó una suspensión definitiva que ordenó no enajenar de ninguna forma esa propiedad.