or fin la autoridad ambiental mexicana se animó a ponerle el cascabel al tóxico empresario Germán Larrea y su Grupo México: 22 accidentes en el país –atentados ecológicos, en realidad– desde que dicho personaje tomó las riendas del consorcio minero –herencia de su padre, otro tóxico–, es decir, un promedio de uno por año de estancia en la presidencia del corporativo, y de todos ha resultado impune, gracias a la cobija protectora del gobierno en turno.

Lo anterior, desde luego, es el registro (mínimo) en la República Mexicana, porque Larrea también riega veneno por el mundo. Por ejemplo, en 2009 Grupo México, por medio de su filial Asarco, derramó alrededor de un millón de litros de desechos tóxicos en Texas, Estados Unidos, y el gobierno de aquel país de inmediato cerró la planta productora del consorcio, lo llevó a juicio, le impuso una voluminosa multa y lo obligó a reparar el daño ecológico causado.

En Perú, con el costo de varias vidas, Larrea y sus subsidiarias –con la complicidad gubernamental– ha intentado –a golpe de porra y bala– imponer su proyecto minero Tía María (cobre), pero la resistencia ciudadana lo ha impedido. En esa nación sudamericana Grupo México mantiene dos minas a cielo abierto (Toquepala y Cuajone) y un complejo metalúrgico (por cierto, el ex presidente peruano Alejandro Toledo –prófugo de la justicia de su país y uno de los benefactores de Larrea– fue detenido ayer en Estados Unidos con fines de extradición, acusado de corrupción relacionada con el consorcio brasileño Odebrecht).

Todo ello sin considerar las cotidianas prácticas de Larrea, entre las que destacan amenazas, chantajes, violaciones a los contratos colectivos de trabajo, persecución sindical, guardias blancas y un inagotable etcétera que hacen de este empresario uno de los más tóxicos y lesivos para el país.

A cada accidente (léase atentado ecológico) provocado por Larrea, el gobierno, en lugar de sancionar al empresario, le entregaba más concesiones mineras. Cerca estuvo Larrea de acabar con una vasta área de Sonora (6 de agosto de 2014), y a cambio obtuvo protección y complicidad del gobierno de Peña Nieto (léase impunidad y más concesiones).

Pero, bueno, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo, informó que Grupo México ha presentado 22 accidentes desde que en 1998 comenzó a operar. Actualmente se realiza una evaluación de su actuación y del convenio que suscribió en el caso de la contaminación del río Sonora ocurrido hace cinco años. Con esta trayectoria, la Semarnat tendrá que tomar acciones legales. Son más de 20 años en los que una empresa no cumple con mantener sus instalaciones y procesos; es una situación inadmisible ( La Jornada, Angélica Enciso).

Por su parte, la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Blanca Mendoza, informó que analiza el convenio que se estableció por la contaminación del río Sonora de hace cinco años (tras el derrame tóxico de agosto de 2014), el fideicomiso que se declaró extinto y las distintas responsabilidades que tuvieron la empresa y servidores públicos. Entre las facultades de la dependencia está suspender la manifestación de impacto ambiental, con lo cual una instalación dejaría de operar ( ídem).

A su vez, el senador y líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, se pronunció en favor de que las empresas mineras que sean recurrentes en casos de afectaciones al medio ambiente o de inseguridad para los trabajadores sean sancionadas, incluso con la suspensión o cancelación de sus concesiones, y ahí está el caso de Grupo México, que días atrás, en Guaymas, Sonora, derramó 3 mil litros de ácido sulfúrico en el mar de Cortés. Entre las empresas que recurrentemente dañan el medio ambiente aparecen Grupo México (Larrea) y Peñoles (Alberto Bailleres).

Las rebanadas del pastel

Hoy, a las 10:30 de la mañana, se inaugura la exposición fotográfica, a 13 años, Pasta de Conchos no se olvida, en la barda perimetral del Senado de la República.

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