Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos de manera forzada el 26 de septiembre de 2014 se manifestaron frente a la Fiscalía General de la República (FGR) para exigir el nombramiento de un fiscal especial para el caso a fin de que esa oficina –por ahora acéfala– profundice en las indagatorias, a la que se debe sumar la investigación de tortura contra al menos uno de los detenidos.

Durante la concentración, remarcaron que deben investigarse los tormentos que sufrió Carlos Canto, uno de los procesados por el crimen contra los normalistas, que quedaron al descubierto al difundirse un video el viernes pasado, en el que se observa a tres servidores públicos (entre ellos Carlos Gómez Arrieta, quien en octubre de 2014 se desempeñaba como comandante de la Policía Federal Ministerial) torturar al detenido.

El video “nos da la razón (de que en las indagatorias hubo irregularidades y abusos para construir la llamada ‘verdad histórica’). Necesitamos que el fiscal investigue esos actos de tortura que nos impidieron conocer la verdad”, señaló Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, una de las organizaciones que ha acompañado a las familias.

Las madres, padres y compañeros de los normalistas lamentaron la actuación de la FGR y solicitaron que agilice los procesos para llevar las indagatorias a fondo. Nosotros preguntamos al fiscal (Alejandro) Gertz Manero: ¿cuándo se va a nombrar al fiscal especial? Llevamos más de medio año esperando pacientemente los padres y madres ese nombramiento... y no tenemos nada.

Rosales agregó que es increíble que mientras el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas –quien preside la Comisión de la Verdad y para el Acceso a la Justicia del caso, creada por decreto presidencial– avanza en sus indagatorias, lo hace solo.