Historiadores señalaron que el decreto por el que se abren los archivos de las policías políticas es limitado, pues no hay claridad para saber qué autoridad decidirá si la información requerida es o no sensible.

La especialista María Magdalena Pérez Alfaro indicó que el acceso a esos datos (para dar cumplimiento a la ley general en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales) se basa en la voluntad política, pues el interés de quienes los han solicitado es conocer la lógica del sistema represor y de control de la disidencia en décadas pasadas.

Durante el foro Archivos censurados de la guerra sucia: memoria y verdad, que se realizó en el Museo de la Memoria Indómita, la historiadora fustigó que no exista certeza sobre a qué autoridad corresponde realizar la clasificación a fin de otorgar la información solicitada.

Rubén Ortiz Rosas, investigador del Museo de la Memoria Indómita, señaló que el decreto expedido por la actual administración federal se refiere a los archivos de los extintos Dirección Federal de Seguridad (DFS) y Centro de Investigación y Seguridad Nacional (hoy Centro Nacional de Inteligencia).

Sin embargo, acotó, sólo se abrieron los archivos referentes a la represión y han quedado pendientes los relacionados con crimen organizado, narcotráfico y trata de personas, entre otros.

Además, indicó, el decreto habla de 5 millones de sujetos investigados, cuando de acuerdo con los datos la DFS indagaba al menos a 20 millones de personas consideradas de riesgo o disidentes del régimen. Realmente no se abrió nada, lamentó.