El ministro Eduardo Medina Mora propondrá ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarar constitucional un artículo de la Ley de Instituciones de Crédito que permite al Ministerio Público Federal acceder a información bancaria sin previa autorización de un juez.

El caso toma notoriedad debido a que la Fiscalía General de la República, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, ha señalado que los jueces han aplicado de manera retroactiva un criterio de la Su-prema Corte de Justicia de la Nación que establece que toda información bancaria y financiera sería declarada nula si no se obtiene por orden de un juez.

De acuerdo con el proyecto, se prevé declarar que el artículo 142, fracción I de la Ley de Instituciones de Crédito es constitucional y no vulnera el derecho a la vida privada ni la protección de los datos personales.

Se respetarían datos personales: Medina Mora

El documento elaborado por el ministro Medina Mora menciona que el concepto de vida privada es tan amplio como su protección, en el que se desarrollan diversos ámbitos, lo que ha generado que se emplee indistintamente el derecho a la vida privada, a la privacidad y a la intimidad como uno mismo.

Señala que en cuanto al secreto bancario, impone a la institución de crédito el deber de resguardar la información de los usuarios, y es un medio que permite a la misma oponerse a la entrega de información bancaria del cliente.

Refiere que en el nuevo sistema de justicia penal continúa la fase de investigación no judicializada “y, en esa medida, la autoridad ministerial debe tener las facultades que requiera para llevar a cabo sus atribuciones en la proporción que sean necesarias para lograr el objetivo que pretende, que es la investigación de delitos.

Por tanto, en esta fase de investigación y conforme a las facultades constitucionales del Ministerio Público, le es dable solicitar, sobre todo en delitos financieros como lavado de dinero y fiscales, la información que le permita establecer una línea de investigación.

El ministro puntualizó que el Ministerio Público está obligado a preservar la confidencialidad de los datos de los interesados.