Mazatlán, Sin.,Sinaloenses desplazados de sus comunidades de origen exigieron que Michelle Bachelet, alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, intervenga para resolver el problema que viven mil 800 familias que huyeron de la violencia y la inseguridad, y que el gobierno federal les asigne vigilancia de la Guardia Nacional para que los pueblos serranos de la entidad tengan paz.

Esperanza Hernández y Miguel Ángel Gutiérrez, representantes de la Comisión Coordinadora Estatal de Desplazados, y Óscar Loza, de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, reprocharon en un documento dirigido a la Organización de las Naciones Unidas que la administración estatal que encabeza el gobernador priísta Quirino Ordaz Coppel no ha diseñado un plan integral de atención a las víctimas, sobre todo para dotarlas de vivienda.

También demandaron que dicho plan incluya servicios de salud, educación, proyectos productivos y seguridad, pues el gobierno en Sinaloa sólo reparte despensas, entre otras medidas inmediatistas. Asimismo, se quejaron de que tampoco existe un programa integral para frenar la violencia.

En el escrito que se remitió a Bachelet se afirma que en Sinaloa ha habido unas 27 mil personas desplazadas por la violencia desde 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa lanzó la guerra contra el narcotráfico, lo que propició enfrentamientos entre bandas del crimen organizado y de éstas con las fuerzas del Estado, lo que a su vez generó salidas en masa de los municipios de El Fuerte, Choix, Sinaloa, Badiraguato, Culiacán, San Ignacio, Concordia y Mazatlán.

Acotaron que familias de los estados vecinos de Chihuahua y Durango buscaron refugio en los municipios sinaloenses de Guasave, Mocorito, Salvador Alvarado, Culiacán y Mazatlán, y que en 2015 hubo un desplazamiento forzado en Tamazula, Durango, por la búsqueda de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, lo que obligó a unas 250 familias a huir a Cosalá, Sinaloa.

Los líderes de desplazados expusieron que en 2017 la violencia de bandas criminales asoló el sur de Sinaloa y en el municipio de Concordia cientos de familias huyeron de la sierra hacia la cabecera municipal y a Mazatlán.

Refirieron que en 2019 cientos de familias han sido expulsadas de la región minera y de los poblados serranos La Rastra, Matatán y Santa María, en el municipio de El Rosario, y otros son rehenes en sus comunidades, pues la presencia de fuerzas armadas y de la policía no es garantía de paz.

Destacaron que pese a que el Congreso estatal aprobó destinar 30 millones de pesos para dar viviendas a familias desplazadas, no se han adquirido terrenos en los municipios de Guamúchil, Culiacán y Mazatlán.

Miguel Ángel Gutiérrez aseguró que existe preocupación e incertidumbre entre las casi mil 800 familias que han tenido que escapar de la violencia. Agregó que sólo en Mazatlán hay 418 familias que salieron de Concordia y Rosario, entre otras localidades.

Los representantes de los afectados demandaron que se reconozca y atienda de manera urgente el problema del desplazamiento forzado en México y en especial en Sinaloa. Exigieron que se investigue y documente la situación en puntos críticos y que se apoye a las familias de acuerdo con los protocolos internacionales sobre desplazamientos.

También pidieron que se tome en cuenta un punto de acuerdo emitido por el Senado de la República en 2011, al igual que medidas cautelares, y que los puntos críticos de violencia en Sinaloa sean incluidos en las actividades de pacificación que realizará la Guardia Nacional.

La carta va dirigida asimismo a Paolo Abro, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y a Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.