Procuración de justicia en la ciudad
a Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México se diseñó, en la práctica, para administrar o incluso vender impunidad y dejar de lado la demanda de justicia de las víctimas del delito. Este diagnóstico, esta sentencia, es parte del primer informe de la comisión técnica para la transición hacia la fiscalía general de la capital del país.
Después de 20 sesiones de trabajo, que representaron una labor continua de siete comisionados en un lapso de seis meses, más o menos, se advierte que la PGJ enfrenta problemas estructurales de arquitectura de procesos, sistemas informáticos, controles internos, corrupción, desmotivación de los funcionarios que laboran en ella, opacidad y ausencia de un servicio civil de carrera, lo que explica la falta de confianza ciudadana y los pobres resultados de la institución. Se requiere una reforma de gran calado para que la PGJ pueda servir a los ciudadanos y cumplir con eficacia sus funciones.
El análisis muestra la situación en la que se dejó a esa institución y plantea algunas reformas para que la fiscalía pueda recomponer el camino hacia un nuevo sistema en la procuración de justicia, que pese a los muchos problemas, más físicos que técnicos, tendrá que encabezar la actual procuradora, pues ella es la que tiene las riendas y el conocimiento para dar con la reforma de gran calado que plantea el equipo de transición.
Hoy, o a más tardar mañana, se presentará la iniciativa para crear la ley de seguridad ciudadana, de la que ya se ha hablado, y que si bien, nos cuentan en el Congreso, no requerirá para su aprobación de un periodo extraordinario, se espera que quede lista en septiembre.
Pero junto con esa iniciativa, casi de inmediato habrá de resolverse la transformación de la actual procuraduría en la nueva fiscalía, que también quedaría lista, si no en septiembre, a finales del año, a más tardar, y con una enorme responsabilidad, según nos relata el diagnóstico que realizó la comisión técnica hacia la transición.
Y es que, según nos cuentan, la PGJ podría ser la institución más dañada que dejó el gobierno pasado, al que no le importó ni la presión mediática ni social para que se respetaran los derechos humanos de las víctimas y el imputado, así como para que se atendieran con eficacia los delitos contra mujeres y niños. Esta situación, plantea el diagnóstico, hizo que proliferaran las instancias y agencias especializadas sin que ello significara una atención equiparable a la media nacional, que tampoco resulta buena.
Entonces, si uno se pregunta ¿por qué le ha sido tan difícil la lucha contra la violencia y el crimen en la ciudad?, la respuesta está en las mismas entrañas de las instituciones que deberían estar adecuadas para su combate y que podría resumirse en una sola palabra: corrupción.
De pasadita
Para Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, enterarse del asunto fue como un mazazo en la cabeza. Desde uno de los institutos a los que ella considera claves para su gobierno se soltó, como ya todos saben, una efeméride cuyo tono de publicación pretendía hacer un homenaje a Joseph Goebbels. Para entonces el asunto era ya un escándalo en las benditas
redes sociales.
La comunidad judía reaccionó con un reclamo a la jefa de Gobierno, que de inmediato descalificó la publicación y exigió la remoción del encargado de la difusión en el Instituto de la Juventud, y más tarde se reunió con el embajador de Israel en México, Jonathan Peled, para sostener con firmeza que nunca se trató de una acción ordenada o ideada por el gobierno de la ciudad, sino más bien de la ignorancia de quien subió esa efeméride.
La prueba más clara de lo dicho por Claudia Sheinbaum es que la imagen que se publicó y que pretendía ser la de uno de los ideólogos del nazismo es la de un escritor estadunidense de ciencia ficción y no la de Goebbels. Tan tan.
