Madrid. La fiscalía española ratificó ayer en su escrito final de acusación una petición casi idéntica a la que propuso al inicio del proceso contra los 12 dirigentes políticos catalanes procesados por su participación en la declaración de secesión unilateral del 27 de octubre de 2017.

En el escrito, presentado en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS), los fiscales mantienen sus acusaciones por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia, por los que podrían ser condenados hasta a 25 años de cárcel. Las defensas de los imputados solicitaron la libre absolución.

Aunque faltan algunas sesiones de declaraciones, tanto la fiscalía como los abogados del Estado y las defensas ya presentaron sus escritos finales.

En las últimas semanas, en el TS se ha emprendido el juicio más importante de la historia moderna de España: 12 de los 23 dirigentes independentistas catalanes señalados como los inductores e impulsores del proceso de secesión unilateral fueron sentados en el banquillo de los acusados.

Enfrentan cargos por sacar urnas a las calles para que la población catalana votara si quería o no la independencia de España, pese a que dicha consulta fue prohibida en varias resoluciones por el Tribunal Constitucional.

Entre los acusados figuran el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, la ex presidenta del Parlamento regional Carme Forcadell, ocho ex consejeros (ministros) y dos líderes de la sociedad civil, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. El resto de los acusados, con el ex presidente Carles Puigdemont a la cabeza, se refugiaron en otros países europeos y desde noviembre de 2017 no han vuelto a España por temor a ser detenidos.

En este contexto, un grupo de trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas presentó ayer un informe no vinculante que solicita la liberación inmediata de Junqueras, Sánchez y Cuixart, así como su indemnización económica por el tiempo que han estado en prisión.

El gobierno español rechazó el reporte por considerarlo una interferencia en un proceso penal que está en marcha y acusó al grupo de trabajo de Naciones Unidas de utilizar información incorrecta para elaborar su informe.

En Bruselas, el ex presidente Puigdemont y el ex consejero Toni Comín acudieron al Parlamento Europeo a recoger su acreditación como diputados, cargo que obtuvieron en los comicios del pasado domingo, pero no los dejaron entrar, pues deben ir a España a recoger su acreditación.