Ciudad Juárez, Chih., Isela González Díaz, activista en favor de la etnia rarámuri e integrante de la asociación civil Sierra Madre, fue distinguida por la embajada de Canadá en México con el premio Rostros de la Igualdad, que se otorga a promotores de los derechos humanos. También recibieron el reconocimiento Érika Zamora Pardo, así como a la Red Defensora de los Derechos Humanos.

Al recibir el galardón, González Díaz se refirió a la situación que padece el municipio de Guadalupe y Calvo, en el sur de Chihuahua, en el llamado Triángulo Dorado –región que integran esa entidad, Sinaloa y Durango, donde se cultivan estupefacientes–, cuyos habitantes sufren despojos y desplazamiento forzado debido a que el crimen organizado ocupa sus tierras.

Isela González también exigió que se haga justicia a los líderes indígenas asesinados por defender los recursos naturales de sus comunidades.

El gobierno canadiense explicó que otorgó el premio a González Díaz por su comprometida labor al frente de Alianza Sierra Madre, asociación civil que brinda asesoría jurídica a comunidades indígenas para la defensa de su territorio, con la finalidad de que tengan acceso preferente a los bienes naturales; asimismo, acompaña a víctimas de desplazamiento forzado y a autoridades indígenas en su lucha para conservar el territorio.

Alianza Sierra Madre AC es una organización no gubernamental que trabaja en la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas ódami y rarámuri en la Sierra Tarahumara. Concentra sus actividades en el municipio de Guadalupe y Calvo, localidad aquejada desde hace años por el crimen organizado.

A su vez, Érika Zamora Pardo estuvo presa entre 1998 y 2002 luego de la masacre de El Charco, Guerrero, perpetrada en junio de 1998 por soldados que dieron muerte a 11 supuestos guerrilleros. Érika fue acusada de ser parte de un grupo subversivo cuando trabajaba en un proyecto de alfabetización.

El Ejército Mexicano la detuvo el 7 de junio en El Charco. Fue catalogada como presa de alta peligrosidad y condenada a ocho años de prisión en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Fue liberada el 30 de mayo de 2002.