Cualquier Estado que se diga democrático tiene la obligación ineludible de respetar los derechos humanos. No se puede hablar de un estado de derecho si existen desapariciones forzadas recurrentes; además, el combate al crimen organizado no puede conducir a la merma de las garantías fundamentales de la ciudadanía, aseveró el juez español Baltasar Garzón.

Consideró una vergüenza para la humanidad que aún no exista justicia por el ataque contra los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, que dejó seis personas asesinadas –tres de ellos normalistas– y 43 más desaparecidos, hechos que se suscitaron hace casi nueve meses.

Garzón, reconocido como defensor los derechos humanos, participó ayer en la mesa redonda sobre estado de derecho de El encuentro de pensadores para crear una carta de obligaciones del ser humano, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el capítulo mexicano de la Sociedad Mundial del Futuro, donde destacó la necesidad de que los ciudadanos asuman su poder y responsabilidad para que sus derechos les sean garantizados.

Al final de su presentación, en breve entrevista, se refirió al crimen contra los normalistas de Ayotzinapa. “Me he pronunciado varias veces sobre ese caso. Es una vergüenza para la humanidad que no haya todavía una respuesta contundente desde el Estado, desde la justicia y desde la comunidad en general.

No podemos permitir que la desaparición forzada de personas sea algo que se extienda y quede impune. Hay que encontrar los mecanismos para que no sólo las familias sean reparadas, sino para evitar que vuelva a suceder un hecho como el de Ayotzinapa.

Antes, durante su presentación, enlistó diez elementos que desde su perspectiva debe contener la carta de las obligaciones del ser humano.

El tema de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa fue referido por el juez Baltasar Garzón para poner en duda que en México exista un auténtico estado de derechoFoto Notimex

Destacó en primer lugar que la obligación de respetar los derechos humanos no recae exclusivamente en los gobiernos, sino en todos los ciudadanos y especialmente en los corporativos que cada día ponen más en riesgo los derechos elementales de los humanos.

Otro tiene que ver con amenazas globales, como el terrorismo y el crimen organizado, pues las estrategias para contrarrestarlas en ningún caso debe mermar las garantías ciudadanas. Hoy, no sólo en este país (México), sino en muchos otros, comprobamos cómo este límite infranqueable se traspasa una y otra vez y se deslegitima el estado de derecho que se dice defender. El combate a estas lacras nunca puede ser a cualquier precio.

Dos consideraciones más para esa carta, dijo, son: el planteamiento de que no puede haber estado de derecho mientras existan desapariciones forzadas de personas en forma permanente y recurrente; así como luchar por la verdad, memoria, justicia y reparación del daño por crímenes del pasado. La lucha para aclarar los delitos del pasado representan un elemento de madurez democrática y es una construcción de futuro.

Otros de los lineamientos propuestos por Garzón tienen que ver con una verdadera libertad de expresión, por dotar de poder a la ciudadanía para que se convierta en un ente vigilante y participativo de la función de los gobernantes, garantizar el cuidado del ambiente y combatir la discriminación, entre otros.

En su turno, José Antonio de Melo Pinto, miembro del Colegio de Abogados de Portugal, aseveró que se debe transformar los derechos humanos en deberes humanos, así se les colocaría en un nivel supranacional, y todos tendríamos que buscar que se ejercieran.