l presidente estadunidense Barack Obama se comunicó ayer vía telefónica con su homólogo francés François Hollande, para asegurarle que está dispuesto a terminar con prácticas del pasado que son inaceptables entre aliados, en referencia al espionaje al que la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha sometido al propio Hollande y a sus predecesores en el cargo, Nicolas Sarkozy y Jacques Chirac. La información correspondiente fue revelada por Wikileaks a dos diarios franceses y dada a conocer el pasado martes. De acuerdo con ella, entre 2006 y 2012 la NSA interceptó ilegalmente las conversaciones telefónicas de los tres mandatarios, de varios ministros y consejeros presidenciales y del embajador de Francia en Washington, y transcribió el contenido en un expediente titulado Espionaje Elíseo (en referencia a la sede del Poder Ejecutivo francés). Paradójicamente, entre los asuntos tratados en esas conversaciones estuvo la preocupación de Hollande por el espionaje estadunidense sobre su gobierno.

Ciertamente, esta reciente revelación de Wikileaks no hace referencia a una práctica desconocida: simplemente agrega a París a la lista de los gobiernos que han sido víctimas de la intromisión furtiva de Washington. Desde septiembre de 2013 este diario dio a conocer, basado en documentos filtrados por Edward Snowden, que la NSA había intervenido los teléfonos de los presidentes de Brasil y México, Dilma Rousseff y Enrique Peña Nieto, y de varios de sus funcionarios, y que había recopilado conversaciones y mensajes de texto confidenciales (La Jornada, 2/9/13). Mes y medio más tarde se dio a conocer que la canciller alemana, Angela Merkel, había sido otra víctima de esa práctica, la cual afectó también –se supo entonces– a las misiones diplomáticas de Francia en Washington y Nueva York. A decir del rotativo Bild am Sonnstag, Obama no sólo estaba al tanto del espionaje telefónico a Merkel, sino que ordenó intensificar la vigilancia sobre ella.

Ante esas revelaciones el gobierno mexicano se limitó a pedir explicaciones al del país vecino; Dilma Rousseff canceló un encuentro de Estado que tenía programado con Obama, criticó acremente a la Casa Blanca en la Asamblea General de la ONU y anunció que su gobierno modificaría la infraestructura brasileña de telecomunicaciones a fin de asegurar la seguridad y privacidad de sus ciudadanos; Merkel, por su parte, criticó enérgicamente al mandatario estadunidense, acusó a su gobierno de comportarse en forma parecida a la Stasi (en referencia a la temida policía política de la desaparecida República Democrática Alemana) e inició una investigación judicial que a la postre fue archivada por falta de pruebas, a pesar de que las disculpas del propio Obama eran prueba suficiente de que el espionaje era real.

Lo cierto es que, pese a las protestas, los aliados y amigos de Washington parecen haberse resignado a vivir bajo la vigilancia secreta estadunidense, aun cuando el espionaje de la NSA conlleva enormes riesgos para la soberanía, la seguridad nacional, la competitividad económica y la gobernabilidad.

En tales circunstancias, el Palacio del Elíseo informó que la conversación telefónica entre Hollande y Obama se limitó a establecer los principios que deben regir las relaciones entre aliados en materia de inteligencia, es decir, a fijar niveles de espionaje aceptable entre dos gobiernos que, por el hecho de ser estrechos aliados geopolíticos, económicos y militares, no deberían espiarse mutuamente.

Como señaló el martes Julian Assange, fundador de Wikileaks, el pueblo francés tiene derecho a saber que su gobierno fue víctima de una vigilancia hostil de un supuesto aliado, y otro tanto puede decirse de las sociedades de otros países, cuyos gobiernos se encuentran bajo el espionaje constante de Estados Unidos. Sin embargo, de poco sirve ese dato si las poblaciones no exigen mayor firmeza de sus gobernantes y si éstos carecen de la voluntad política para preservar ante Washington una confidencialidad que, por lo demás, defienden férreamente, y no siempre en forma justificada, ante sus propios ciudadanos.