Mexicali, BC., Los cerca de 700 mil alumnos de 3 mil 779 planteles de educación prescolar, primaria y secundaria de Baja California regresaron a clases ayer, después de que profesores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) pararon labores una semana en demanda de pago a maestros federalizados, cuya nómina reabsorbió la Secretaria de Educación Pública (SEP). El pasivo en este año era de 850 millones de pesos. Luego de que las autoridades educativas se comprometieron a regularizar la nómina los maestros decidieron poner fin a las manifestaciones que iniciaron hace tres semanas y reanudar clases. El secretario de Educación y Bienestar Social estatal, Mario Herrera, reconoció un rezago histórico de 3 mil 500 millones de pesos (que incluye los 850 millones), y anunció que continuarán las negociaciones para cubrir este adeudo. Pese a que se advirtió que habría sanciones económicas a los mentores que se presentaron en los planteles, pero no entraron a las aulas, el gobernador de Baja California, el panista Francisco Vega, declaró que no se impondrán multas a los profesores ni a otros trabajadores de la educación.

Tula de Allende, Hgo., Por segundo día consecutivo, unos 50 padres de familia y alumnos del plantel de prescolar Esperanza López Perea, en esta cabecera municipal, cerraron el martes los dos sentidos de la carretera Tula-Tepeji en demanda del encarcelamiento del maestro Francisco Javier Martínez Larios, a quien se acusa de la violación de un niño y está prófugo desde el 29 de abril. Acusaron a Elmer Céspedes Galindo, director de Gobernación estatal en la región, de haber incumplido acuerdos, entre ellos pedir a la Secretaría de Educación de Hidalgo que diera de baja de la nómina al presunto agresor, y el despido de la directora del plantel, Margarita Contreras.

Saltillo, Coah., La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en el Congreso local promueve una iniciativa para derogar la Ley de declaración de ausencia por desaparición de personas, que obliga a las empresas a mantener sueldo y prestaciones a empleados que sean víctimas de desaparición involuntaria. El coordinador parlamentario panista, Jesús de León Tello, consideró que el gobierno estatal debe responsabilizarse económica, jurídica y socialmente de las víctimas de desaparición y no sólo transferir deberes a dependencias del gobierno federal y a patrones.