l asesinato del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia municipal de Chilapa, Ulises Fabián Quiroz, cometido el viernes pasado, pone en evidencia el nivel de inseguridad en que tienen que hacer proselitismo los aspirantes a algún puesto de elección popular, además de constituir otro obstáculo para las elecciones de gobernador, alcaldes, diputados federales y locales.

En la primera decena de marzo, fue asesinada Aidé Nava González, precandidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la alcaldía de Ahuacuotzingo, y el 25 de abril el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Luis Walton Aburto, fue interceptado por aproximadamente una veintena de hombres con armas de alto poder y lanzagranadas cuando se dirigía a Zapotitlán Tablas como parte de su campaña.

Ayer, un grupo armado secuestró a Juan Mendoza, candidato del PRD a la presidencia municipal de San Miguel Totolapan, en la región de Tierra Caliente, y lo liberó horas más tarde.

Comparadas con esta situación, las amenazas de boicot electoral del Movimiento Popular Guerrerense, que reclama la presentación de 42 estudiantes desaparecidos en septiembre pasado, parecen peccata minuta.

Por un lado, normalistas y maestros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero arremeten contra oficinas del Instituto Nacional Electoral, quitan y queman propaganda política y se apoderan de vehículos oficiales de la institución. Por otro, individuos armados surgen de la nada para intimidar o eliminar a políticos que aspiran al poder.

Candidatos y partidos políticos están divididos sobre la posibilidad de solicitar protección gubernamental; sin embargo, cuando a Walton Aburto le cerraron el paso iba resguardado por policías federales.

Eso únicamente significa que si los criminales están interesados en aniquilar a un candidato lo harán con la mayor facilidad, tenga o no resguardo oficial. En otras palabras, nadie tiene la seguridad de que nada le ocurrirá, porque su vida parece estar a merced de un enemigo agazapado. El enigma es: ¿a quiénes acecha la delincuencia y por qué?

El caso es que ni los candidatos ni las elecciones están seguros.