Cancún, QR.

Alfredo Esquivel y Cab y Teresita Brito Piña salieron ayer de la cárcel de Felipe Carrillo Puerto, donde permanecieron ocho meses y 17 días acusados de sabotaje por haber encabezado un plantón frente a las instalaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) de ese municipio, en protesta por los altos costos del servicio y el cambio de medidores, informó la abogada Aracely Andrade.

La defensora del periodista Pedro Canché Herrera dijo que éste permanece en prisión por las mismas causas y que fue quien le confirmó la liberación de sus dos compañeros: el llamado abogado del pueblo y la secretaria de finanzas del comité municipal del partido Morena.

Andrade aclaró que ella no está a cargo de la defensa de los dos activistas liberados, pero opinó que con esta resolución quedan exculpados.

El secretario de Gobierno del estado, Gabriel Mendicuti Loria, indicó que el procurador de Justicia, Gaspar Armando García Torres, le informó que había llegado la resolución de un amparo (no especificó de qué juzgado) que otorgaba la liberación.

Omar Sáchez Cutiz, también implicado en este juicio, sigue prófugo, y 14 personas enfrentan sus procesos en libertad. Cada semana acuden a firmar a un juzgado.

Canché Herrera sigue en la cárcel de Carrillo Puerto pese a que el 24 de febrero pasado el juez sexto de distrito de Quintana Roo, Reynaldo Piñón Rangel, reconoció arbitrariedades en el caso, así como violaciones a los derechos humanos y fallas en el debido proceso, señalaron siete organizaciones de periodistas.

Artículo 19, Freedom House, el Centro de Comunicación Social, el Comité para la Protección de los Periodistas, Global Voices, Periodistas de a Pie y Reporteros sin Fronteras sostienen que el encarcelamiento del comunicador es arbitrario y obedece a las críticas que hizo al gobernador Roberto Borge Angulo.

Por ello piden al juez estatal que agilice la resolución del caso de forma imparcial y transparente; al gobierno de Quintana Roo, que libere al periodista por las graves violaciones de las garantías en el proceso, y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitir una recomendación inmediata.