Descalifica accionar del GDF en caso de Jorge Mario González

n lo que se refiere al caso de Jorge Mario González García, la actuación del Gobierno del Distrito Federal, desde su jefe hasta el último de sus custodios, pasando por una inefable juez, remite a las palabras del gendarme que participó en el linchamiento de Arnulfo Arroyo, aquel que en 1897 atentó contra la vida del dictador Porfirio Díaz: Creí que el reo era anarquista y podía hacerse su ejecución. Sólo así se entiende que se haya dejado pasar el crítico umbral de los 40 días para, entonces sí, intervenir –en contra de la voluntad de un preso en huelga de hambre por demás vilipendiado en los medios–, llevándoselo al hospital del Cefereso de Tepepan, en lugar de reconocer las innumerables y evidentes violaciones a sus derechos que lo mantienen en la cárcel.

s de celebrar que el lunes pasado la nueva administración instaló en pleno el Consejo Nacional de Población (Co­napo); llevaba 15 años sin hacerlo. Una instancia que se fundó hace casi 40 años, en 1974, para adecuar los programas de desarrollo económico y social a las necesidades que planteen el volumen, estructura, dinámica y distribución de la población; realizar programas de planeación familiar a través de los servicios educativos y de salud pública con el objeto de regular racionalmente y estabilizar el crecimiento de la población; disminuir la mortalidad; influir en la dinámica de la población a través de los sistemas educativos, de salud pública, de capacitación profesional y técnica; promover la plena integración de la mujer al proceso económico, educativo, social y cultural, y promover la plena integración de los grupos marginados al desarrollo nacional (Ley General de Población). Desde entonces el Conapo tiene a su cargo la planeación demográfica del país y se integra por un conjunto de secretarías de Estado y de instituciones gubernamentales encabezadas por el secretario de Gobernación, a fin de articular planes de los distintos sectores. Un papel que ha perdido fuerza en los últimos años y que esperamos fortalecerá el Conapo actual.

ace 21 años los neoliberales que gobiernan México modificaron el sistema jurídico que regula las actividades mineras, para cambiar sustancialmente las formas de apropiación de esta riqueza nacional y que en lugar de beneficiar a los mexicanos pasara a satisfacer la voracidad de las empresas transnacionales. En enero de 1992 modificaron el artículo 27 constitucional para permitir la entrada del capital privado al campo y autorizar a los ejidos la venta y arrendamiento de sus tierras. Para junio de ese mismo año aprobaron una nueva Ley Minera que entre otras cosas calificó esta actividad de utilidad pública y preferente, concentró las concesiones en una sola, con duración de 50 años prorrogables por otro término igual. Igualmente se modificó la Ley Agraria para permitir contratos de arrendamiento de tierras por más tiempo que el estipulado en el Código Civil; la Ley de Aguas Nacionales para poner este líquido, indispensable para la vida, al servicio de las mineras, y la Ley de Inversión Extranjera para equiparar las empresas mexicanas a las extranjeras con una sola declaración de éstas.