on eso de que México se moderniza a paso veloz, el Senado de la República dio su visto bueno –luego de que la Cámara de Diputados hizo lo propio– a otra reforma, la financiera, la cual hace aún más placentero el paraíso que el país le significa a la banca nacional y foránea (aunque especialmente a esta última). Sin embargo, los legisladores, siempre con el interés nacional por delante, decidieron que, en contraprestación, los mexicanos serán recompensados con más comisiones, mayores intereses y un policía para cada deudor moroso.

Originalmente, los promotores de tal reforma (Luis Videgaray, en nombre de Enrique Peña Nieto, y amigos que lo acompañan) prometieron mayor crédito, mayores facilidades, agilización de los trámites, mejores condiciones para los usuarios de las instituciones financieras, fortalecimiento de la banca de desarrollo (propiedad del Estado) y mil maravillas más. Pero, de acuerdo con los legisladores que decidieron no embellecer aún más el paraíso para los bancos, tal modernización sólo profundiza la extranjerización de la banca en lugar de regular las ganancias exageradas de las grandes instituciones bancarias, aumenta el poder de los bancos sobre el país y abre la puerta a que gobiernos de otras naciones puedan participar en sociedades de inversión (La Jornada, Andrea Becerril y Víctor Ballinas).

Para que ningún usuario se preocupe por las consecuencias de la nueva ley, el presidente de la Asociación de Bancos (en) de México (otrora director del Fobaproa, el rescatista de la banca privada con dineros públicos), Javier Arrigunaga (que hoy es el presidente de Banamex, una de las instituciones rescatadas), detalló que “las nuevas figuras previstas en la reforma financiera para agilizar la recuperación de garantías en los créditos bancarios no modifican en nada las condiciones de los préstamos actualmente vigentes.

De acuerdo con Arrigunaga, no debe haber preocupación del público por un eventual endurecimiento de las leyes para hacer efectivas las garantías dejadas en prenda por un préstamo (como la vivienda, en el caso de los hipotecarios, o el auto, en los automotrices), salvo que una persona pida un crédito pensando que no va a pagarlo. Entonces, con todo y modernización, y por si hubiera duda, no vamos a cambiar la forma de otorgar una tarjeta de crédito, un préstamo de nómina o un crédito personal. (La Jornada, Roberto González Amador).

La nueva ley financiera modificó 34 ordenamientos en la materia, e incluye la Ley de Agrupaciones Financieras; posibilita nuevos rescates de bancos y de casas de bolsa con recursos públicos, similares al que se hizo a través del Fobaproa, y define un nuevo marco jurídico para criminalizar a los deudores, que incluso podrán ser arraigados y sus bienes retenidos sin mediar juicio, sólo con la petición del dueño del banco con el que tengan algún adeudo (ídem).

En los tiempos del Fobaproa (hoy opera como IPAB, con pasivos cercanos a 912 mil millones de pesos, todos a cargo de los bolsillos de los mexicanos, por mucho que llevan pagando 18 años) el rescate bancario se intentó justificar como una medida dolorosa, pero necesaria, toda vez que con ella se reactivaría el crédito a los sectores productivos. Casi dos décadas después, tal crédito se encuentra por abajo del registrado en 1994, y la banca que opera en México se cuenta entre las que menor financiamiento otorga a la causa productiva.

De hecho, el más reciente informe del Banco de México (Evolución del financiamiento a las empresas durante el trimestre julio-septiembre de 2013) revela que a estas alturas cerca de 90 por ciento de las empresas que operan en el país obtienen financiamiento no de la banca comercial, sino de sus propios proveedores, es decir, nueve de cada diez de ellas alcanzan acuerdos medianamente satisfactorios con entidades no financieras con las que mantienen relaciones comerciales para poder seguir en funcionamiento.

Tal informe revela que los proveedores se mantienen como la principal fuente de financiamiento para las empresas del país, porque tratándose de créditos bancarios las condiciones son menos favorables, larguísimos los tiempos de resolución, muchísimos los requerimientos de garantía, las elevadas comisiones a pagar, más otros gastos asociados al crédito bancario, y los estratosféricos intereses.

Sin embargo, son exorbitantes las ganancias de la banca foránea que opera. No presta para actividades productivas, pero gana a raudales. Para algunas de esas instituciones tales utilidades representan hasta 40 por ciento de sus beneficios globales, y están muy por arriba de las obtenidas en sus naciones de origen. Y el grueso de ellas es producto de altísimos intereses y abultadas comisiones que cobran a sus usuarios por todo, casi casi por respirar. Pero de esto, la moderna nueva ley financiera no atiende ni resuelve nada.

En cambio, sin pedirles permiso, a los mexicanos les pasaron una voluminosa factura (léase Fobaproa) con la promesa de que, a cambio, contarían con una banca moderna y saneada, promotora del crecimiento económico, generadora de empleos y acicate del desarrollo nacional. ¿Qué fue e ello casi dos décadas después? De entrada, a los habitantes de este país les resta pagar cerca de 912 mil millones de pesos, y contando, por el rescate de las instituciones financieras que a los sectores productivos hoy prestan menos que en 1994. Del crecimiento, el empleo y el desarrollo, pues qué decir: todos somos víctimas de sus ausencias. Pero de esto, tampoco la nueva ley nada resuelve.

¿México merece una banca así? Bueno, los legisladores creen que sí.

Las rebanadas del pastel

El carisma y la inteligencia de uno de los barones mexicanos de la minería fascina a propios y extraños, y no deja de ganar adeptos: Germán Larrea, del Grupo México, “no tiene vergüenza… Con tanto dinero que ha ganado en el país, ¿y todavía nos está diciendo que se va a ir de México? Todo el dinero que tiene lo ha ganado de la minería y otras áreas de México, y de concesiones del mismo país” (léase del gobierno federal). Pues no tiene vergüenza” (gobernador Carlos Lozano, La Jornada Aguascalientes). Lo anterior, en reacción tardía al chantaje del citado empresario, en el sentido que dejaría de invertir en el país si el Congreso aprobaba el cobro de un nuevo derecho a la extracción minera. Y lo aprobó, pero el zar del cobre no se ha ido, lamentablemente.

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