l presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, anunció ayer que ese instituto se retira del Pacto por México porque no está conforme con la reforma política que buscan el gobierno peñista y el Partido Acción Nacional (PAN) ni con el albazo con el que se pretende aprobar la privatización de la industria petrolera. A decir de Zambrano, la negociación para el segundo de esos propósitos se lleva a cabo fuera del Senado. La decisión perredista fue de imediato replicada por el presidente Enrique Peña Nieto, quien desde Ojinaga, Chihuahua, dijo que si bien las voces minoritarias merecen ser escuchadas, en el seno del Pacto por México no necesariamente debiéramos encontrar siempre unanimidad, pero sí el consenso suficiente, el respaldo mayoritario a aquello que debemos cambiar y en lo que coincidimos.

Por principio de cuentas, llama la atención que, una vez aprobadas la mayoría de las nocivas reformas propugnadas por la actual administración federal, la dirigencia perredista se llame sorprendida por un mecanismo de negociación que ella misma aprobó y en el que ha participado en la medida en que ha obtenido beneficios de él; es significativo, además, el súbito descontento de Zambrano con los contenidos de esa agenda de reformas, la cual era conocida desde un principio. Resulta, asimismo, paradójico que se extrañe ante los procedimientos de negociación cupulares y opacos que caracterizan al Pacto por México. Cabe recordar que ese cónclave, anómalo en términos institucionales, fue concebido y firmado a contrapelo del espíritu republicano justamente para escamotear al Senado de la República y a la Cámara de Diputados las negociaciones que habrían debido realizarse en los cuerpos legislativos, para imponer la profundización del programa neoliberal del grupo gobernante en un contexto de representatividad precaria y cuestionada, y para dar cierta legitimidad democrática al actual gobierno, afectado desde su surgimiento por las irregularidades de la elección presidencial del año pasado y por el desprestigio histórico del priísmo.

Todo ello era conocido por la dirigencia perredista, la cual, sin embargo, aceptó jugar en ese terreno y con esas reglas. El que ahora decida retirarse parece, más que consecuencia de un genuino desacuerdo con los métodos y contenidos del Pacto por México, producto de un cálculo político orientado a restañar, en la medida de lo posible, el grave daño que la participación en tal instancia negociadora le ha causado a la imagen del partido; da la impresión, en concreto, de que Zambrano y sus correligionarios han caído en la cuenta de que si el PRD sigue en ese pacto en el momento en que el PRI y el PAN aprueben la privatización de la industria petrolera, ello podría resultarle desastroso en términos electorales.

La respuesta de Peña Nieto no fue más afortunada que la resolución perredista: si de formar mayorías se trata, éstas deberían conformarse de cara a la sociedad, en las instancias legislativas correspondientes, y como resultado de una negociación transparente, y no como producto de intercambios de trastienda, que es como se han conseguido, hasta ahora, los votos necesarios para la aprobación de las reformas peñistas.

En suma, los movimientos políticos de ayer confirman que el Pacto por México ha sido, en realidad, un pacto por el beneficio de los partidos que lo firmaron y por la legitimidad del actual gobierno. Esa manera de suplantar el genuino trabajo legislativo en interés de los electores por actos y aparatos de simulación explica, en buena medida, la sima de desprestigio en que se encuentran las instituciones y la clase política y la creciente ingobernabilidad en el país.