ras la denuncia penal formulada por la dirigencia de Acción Nacional contra la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), Rosario Robles Berlanga, y contra el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por los presuntos usos electorales de programas sociales, se han multiplicado los desencuentros entre los firmantes del Pacto por México. Aunque la gravedad de la denuncia llevó a la funcionaria a destituir de inmediato a siete funcionarios de Sedeso en Veracruz, el presidente Enrique Peña Nieto desestimó la acción panista como críticas y descalificaciones de aquellos a quienes ocupan y preocupan las elecciones (sic), respuesta desafortunada no sólo porque minimiza un problema real y conocido, que es el uso de los programas sociales para apuntalar electoralmente al partido de las autoridades en turno, sino porque pareció una exculpación, tan anticipada como improcedente, para los acusados.

ivimos paradojas que resultan dolorosas. Desde el movimiento de derechos humanos y las organizaciones de pueblos indígenas se ha luchado de manera incansable por lograr derechos que los acerquen al horizonte de la justicia y se han logrado victorias significativas en ese terreno. Han hecho uso de la política para ello y han dado la batalla jurídica para sustentar sus propuestas; sin embargo, una vez formalizadas, la política también opera en el ámbito judicial para utilizar el derecho según el contexto del caso que se trate. Aquello de que la justicia es ciega se desmiente una y otra vez, porque quienes claman justicia observan las incongruencias cotidianas en las resoluciones de quienes están facultados para aplicar derechos fundamentales. ¿Por qué en un caso plagado de acciones políticas de alto nivel, como fue el de la ciudadana francesa Florence Cassez, sí se aceptó la violación al debido proceso y se otorgó el amparo liso y llano a fin de que recobrara su libertad de inmediato, y a la vez, la misma sala de la SCJN consideró el pasado marzo sin importancia y trascendencia el caso del profesor tzotzil Alberto Patishtán, cuya libertad es demandada dentro y fuera del país? Ciertamente no por un presidente de la república. ¿Eso hace la diferencia?

ace 150 años, entre el 16 de marzo y el 17 de mayo de 1863, en el valle de Puebla se libró la mayor batalla en defensa de la soberanía nacional, cuando un ejército de 34 mil franceses llegó dispuesto a vengar la derrota del 5 de mayo de 1862 para –con un año de retraso– imponernos un príncipe austriaco y hacer de nuestro país un protectorado francés.

l Pacto por México es como una carta a Santa Claus redactada por un Estado que quiere parecerse al de Dinamarca, o algo así, y en esa medida es difícil no estar de acuerdo –al menos, en la situación actual de México– con la mayor parte de su letra. Quién sabe si los dirigentes panistas y perredistas recibieron el texto ya listo para firma o si realmente fue producto de un acuerdo negociado entre esos partidos y Los Pinos. El panismo, demolido por dos desastrosos ejercicios sucesivos de la Presidencia, podía firmar casi cualquier cosa; el perredismo, amputado del movimiento político más relevante en la historia de la izquierda mexicana, también. Y si uno y otro realmente aportaron algo al documento, peor para ellos, porque, con conocimiento de causa, se volvían, de esa forma, coautores de una obra de ficción: el Pacto por México –no hay cómo no darse cuenta– viene siendo lo opuesto al programa real de Peña Nieto.

na de las ventajas de las exhibiciones, como la de las bienales FEMSA, consiste en que por un periodo cuentan con amplio público, cosa que se debe al numeroso acervo de artistas representados. Ellos mismos, sus familiares, seguidores y amigos, acudirán a verse museografiados.