Número 184
Jueves 3 de Noviembre
de 2011

Director fundador
CARLOS PAYAN VELVER

Directora general
CARMEN LIRA SAADE

Director:
Alejandro Brito Lemus

El último Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF 2012) del sexenio de Felipe Calderón se formuló a la baja, al menos en los rubros de VIH/sida y dinero destinado a mejorar la calidad de vida de las mujeres. A esta conclusión sólo se puede llegar buscando en fuentes diversas la información que complementen la contenida en el PPEF, pues la falta de especificidad y de desagregación en el documento emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dificulta la localización del dinero, en el caso de la atención y prevención del VIH/sida, o la hace confusa, en el caso de recursos etiquetados para mujeres.

Grandes retos, pequeños montos
En la Estrategia Programática para el ramo de salud que presenta el Poder Ejecutivo en su propuesta de presupuesto, se establece que en 2012 se prevé garantizar el acceso universal al tratamiento antirretroviral y las pruebas de laboratorio relacionadas con la infección por VIH a un total de 50 mil 988 personas (3 mil 341 más que en 2011). Esta cifra engloba solamente a la población que no cuenta con seguridad social y los recursos para este fin son ejercidos por el Seguro Popular, brazo operativo del Sistema Nacional de Protección Social en Salud, uno de los pilares de la estrategia social calderonista. El fondo del Seguro Popular no se detalla en el proyecto de presupuesto.
Sin embargo, en las otras instituciones de salud que atienden a personas con VIH no es posible encontrar información desagregada “sobre esa ni sobre ninguna otra enfermedad en específico”, explica Felipe Varela, investigador de la organización civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
El presupuesto, comenta a Letra S, sigue siendo opaco pues del gasto en VIH sólo es posible identificar la cantidad que se otorga al programa P016 Prevención y Atención del VIH/sida y otras ITS, por un monto de 168.92 millones de pesos. De ellos, 130.13 millones serán operados por el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida (Censida) y los otros 38.79 millones por siete hospitales e institutos nacionales de salud que dan atención directa a la población afectada por el virus. Esta última parte de los recursos se redujo a menos de la mitad respecto a los 90 millones de pesos aprobados el año pasado.
“El mapa de presupuesto para VIH es muy complejo y se presta para muchos espacios de opacidad. Tiene mucho que ver con el sistema de salud que está fragmentado, entonces, no se puede saber cuánto dinero exactamente se está gastando para VIH en México”, afirma.
Para Varela, es contradictorio que, a pesar del aumento de personas que requieren atención para VIH/sida, se propone un presupuesto menor que el del año pasado, que alcanzó los 235 millones de pesos luego de pasar por la discusión en la Cámara de Diputados. “Cualquier lógica indica que a mayor número de personas afectadas, debe aumentar el presupuesto”.

Frenar al VIH ya no es una meta
A pesar de la cercanía de la fecha límite para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que incluyen en su Objetivo 6 “detener y comenzar a revertir la epidemia del VIH/sida”, el PPEF no incluye en sus Objetivos, Indicadores y Metas para resultados ningún objetivo referente al tema, como lo había hecho al menos los dos años anteriores.
Aunado a esto, Felipe Varela lamenta que no estén claros los criterios a partir de los cuales se asigna el presupuesto para la atención y prevención del VIH. “Tampoco se da una explicación sobre la reducción de ese presupuesto. Por una parte, los criterios no están establecidos y por otra, las decisiones no son explicadas”.
El integrante del centro especializado en temas de transparencia y rendición de cuentas, considera que el gobierno federal padece “miopía” dado que cada año se asigna el mismo presupuesto, “como si las necesidades no cambiaran”. Si los indicadores (número de nuevas infecciones o de muertes relacionadas al sida) crecen año con año, mantener el mismo número de recursos es insostenible. “Incluso si vemos la asignación presupuestaria, ni siquiera hay un ajuste a la inflación; entonces, en términos reales, hay una reducción del presupuesto”.
De acuerdo con datos oficiales recabados por Fundar, la tasa de mortalidad relacionada con el VIH en 2000 era de 4.3 por cada 100 mil personas y en 2008 aumentó a 4.9. De igual forma, de 2000 a 2008 el número de personas que recibían tratamiento antirretroviral se incrementó de 10 mil 189 a 52 mil 001 personas. De ésta última cifra, el 52.37 por ciento se atendía en hospitales de la Secretaría de Salud, a diferencia del 23.41 por ciento que lo hacía en 2000. Este último dato, considera Varela Ojeda, es un claro indicador no sólo del avance del VIH en México, sino de que las personas que han adquirido el virus durante los últimos diez años pertenecen a lo que se conoce como “población abierta”, la cual no cuenta con ningún esquema de seguridad social y, por lo tanto, es población en mayor vulnerabilidad, sobre todo económica, por no contar con un empleo formal.

Presupuesto para mujeres: error de cálculo
Desde 2008 se integró un documento anexo al PPEF donde se especifican los programas y gastos etiquetados para la mejoría en la calidad de vida de las mujeres. A partir de 2010, el Anexo 10 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres” ha registrado aumentos, ya sea desde la propuesta original o derivados de las adiciones hechas en la Cámara de Diputados.
En la propuesta para 2012, el proyecto enviado por el Ejecutivo plantea erogar 15 mil 106 millones de pesos en las mujeres. Sin embargo, esa no es la cantidad real que se propone, denuncia la diputada Ángeles Nazares, presidenta de la Comisión de Equidad y Género en el recinto de San Lázaro.
En entrevista, la legisladora sostiene que hay un error en los recursos para mujeres asignados en el Ramo 12 Salud. El PPEF enuncia 3 mil 514 millones de pesos destinados a este rubro, pero al solicitar la información desagregada a las secretarías de Hacienda y de Salud, se encontró que sólo hay 2 mil 531 millones asignados para mujeres, es decir, 983 millones menos.
“Solicitamos una explicación a la Secretaría de Hacienda. Nos respondió de manera verbal –ya solicitamos que lo haga por escrito– que la diferencia corresponde a los ingresos propios de la Secretaría de Salud, es decir, los que obtiene por algunas cuotas que cobra, y señalan que por un error del sistema se sumó esa cantidad al presupuesto global”, explica.
Una vez confirmado oficialmente el error, se comprobaría que el Ejecutivo propone 14 mil 122 millones de pesos etiquetados para mujeres en 2012, esto es, 5.3 por ciento menos que el monto aprobado para 2011.
Aun si no hubiera errores, el PPEF 2012 presenta recortes importantes. Daniela Díaz, también investigadora de Fundar, señaló a la agencia Cimac que el rubro de Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud se redujo en 64 por ciento respecto a lo aprobado para este año, lo que afectaría los programas de planificación familiar y de atención a la salud sexual y reproductiva de adolescentes. De la misma forma, el dinero destinado a combatir la mortalidad materna se reduciría de 308 a 242 millones de pesos. A pesar de invertir menos dinero en ello, el gobierno federal se propone bajar de 53.5 a 44.5 muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos.
Ante este panorama, la Comisión de Equidad y Género envió su propuesta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para aumentar 3 mil 883 millones de pesos a la propuesta del Ejecutivo. Este dinero estaría principalmente destinado a salud.

Escasos resultados
Para Ángeles Nazares, no es suficiente etiquetar el presupuesto para que sea destinado al avance de las mujeres, pues muchos funcionarios no comprenden la perspectiva de género. “Por ejemplo, en la Secretaría de la Defensa Nacional, con el presupuesto etiquetado para institucionalizar la perspectiva de género abrieron una clínica de atención a niños con capacidades diferentes, implementaron un programa de cáncer de mama y guarderías infantiles, y eso no es institucionalizar la perspectiva de género”.
Lo que se busca al destinar recursos a este rubro, explica la integrante del Partido de la Revolución Democrática, es que al interior de las dependencias se revise la situación de las mujeres, que se propicie la igualdad de condiciones y oportunidades entre los géneros, pero esto no siempre se hace. “Incluso hay dependencias que convocan a foros, talleres o conferencias para gente fuera de la institución”.
Pero quizá el caso más emblemático de la ineficaz forma en que se utilizan los recursos destinados a mujeres es el de los refugios para mujeres víctimas de violencia. “La Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia establece que se debe recibir a las mujeres en un lugar seguro, secreto, durante tres meses, donde se les debe dar capacitación, empoderamiento, mejorar su autoestima. Pero nos enfrentamos a una realidad muy complicada: una vez que las mujeres salen se enfrentan a una situación difícil de subsistencia y eso las lleva a volver con su agresor”. Eso, dice la legisladora, “nos mete en un círculo donde los recursos que se están invirtiendo a final de cuentas no tienen ningún fruto. Las estadísticas nos dicen que 80 por ciento de las mujeres que salen del refugio regresan con el agresor”.

Presupuesto: rompecabezas para armar
Respecto al PPEF 2012, Felipe Varela apunta que “(en Fundar) esperábamos que hubiera más sensibilidad. Los últimos dos años hemos trabajado muy fuerte, sobre todo con el poder Legislativo, que finalmente le ha remendado la página al Ejecutivo en cuestión presupuestaria. Esperábamos mayor sensibilidad para el Sector Salud y creíamos que lo habíamos logrado, pero no”.
Opina que en materia de VIH/sida, el gobierno de Felipe Calderón no tiene nada de qué enorgullecerse. “Sí se realizó la Conferencia Mundial sobre Sida en 2008, se firmó la Declaración Ministerial ‘Prevenir con educación’, pero ningún resultado se ha concretado”. Lamenta que el programa presupuestario tiende a la baja, que el presupuesto sigue siendo poco transparente y que la persona a cargo del Censida, José Antonio Izazola, no goza de legitimidad.
En esta última intervención de la LXI legislatura en el presupuesto federal, la diputada Ángeles Nazares informa que la Comisión de Equidad y Género reafirmará su propuesta de agregar al PPEF las Acciones Estratégicas, es decir, las indicaciones que definirían en qué exactamente gastar el presupuesto ya etiquetado para mujeres. “Pero la propia Secretaría de Hacienda nos ha dicho que no es posible, que sólo puede especificarse el Programa Presupuestario y la Unidad Responsable que lo ejecutará”.
Felipe Varela observa que la transparencia es una meta que se puede alcanzar, “pero es un trabajo complejo”. No obstante, en México se tienen instrumentos, como el Instituto Federal de Acceso a la Información, para acceder a la información sobre criterios de asignación o sobre ejecución de los recursos. “El problema es que los recursos están por todos lados y el presupuesto es un gran rompecabezas que hay que ir armando”. Exigir y abonar a la transparencia, considera, es una tarea que la sociedad civil tendrá que hacer. “Porque también es cierto que mientras nosotros no lo hagamos ellos no lo van a hacer”.