Sociedad y Justicia
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ONG: desde 2006 se ordenó actualizar la legislación respectiva

Incumple el gobierno con la ley; debe regular cooperativas escolares, dicen
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Presentan ONG proyecto de reglamento para cooperativas escolares. Imagen de archivoFoto Roberto García Ortiz
 
Periódico La Jornada
Jueves 18 de febrero de 2010, p. 39

El Ejecutivo federal ha incumplido por más de tres años con la Ley General de Educación. Con la reforma de 2006 a dicho ordenamiento, se le mandató actualizar y modernizar el Reglamento de cooperativas escolares vigente desde 1982. Es falso, entonces, que el gobierno carezca de facultades para regular los productos que se venden a los alumnos en los planteles de educación básica, afirmó Xiuh Tenorio, presidente de la Fundación Mídete.

En conferencia de prensa en la que también participaron abogados, padres de familia y especialistas en diabetes, el ex diputado presentó un proyecto de reglamento para las cooperativas escolares, el cual plantea prohibir la venta de alimentos de nulo aporte nutrimental (refrescos, bebidas energéticas o con edulcorantes), así como restringir ingredientes y/o procesos dañinos para la salud y que favorecen la obesidad, como los productos fritos.

Ante el grave problema del sobrepeso y obesidad que afecta a 30 por ciento de los niños de cinco a 11 años, en quienes ya existen la diabetes e hipertensión arterial, es urgente la aplicación de medidas encaminadas a revertirlo.

Alejandro Madrazo, director del Programa del Derecho a la Salud del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), aseguró que es facultad del Ejecutivo regular las cooperativas escolares, con lo que desmintió las declaraciones que en días pasados hicieron los secretarios de Educación, Alonso Lujambio, y de Salud, José Ángel Córdova, sobre la supuesta dificultad que existía para controlar la venta de alimentos dentro de las escuelas.

El artículo segundo transitorio de la Ley General de Educación estableció un plazo de 60 días, contados a partir del 2 de junio de 2006, para que el Ejecutivo actualizara el ordenamiento, lo cual no ha ocurrido hasta ahora, dijo el abogado.

La propuesta, en la que también participaron la Federación Mexicana de Diabetes, la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia y la organización civil Al Consumidor, señala que en el país se registró una transición nutricional a partir de la década de los 80, en la que se redujo notablemente el consumo de frutas, verduras, cereales, carne, leche y sus derivados. En cambio, aumentó la ingesta de carbohidratos refinados, sal, bebidas azucaradas y grasas, contenidos principalmente en productos industrializados.

Resalta el caso de los refrescos, cuyo consumo por individuo pasó de 120 litros en 1998 a 152 en la actualidad, lo que sitúa a México en el primer lugar mundial. Lo anterior es grave si se toma en cuenta que 34 por ciento de los casos de obesidad están relacionados directamente con el consumo de esas bebidas.

El proyecto de reglamento que ya fue entregado a la Presidencia de la República y las secretarías de Educación y Salud, también cuenta con el apoyo del senador Ernesto Saro, quien indicó que fungirá como interlocutor con el gobierno federal para la discusión y publicación del documento.

Ahí también se da cuenta de estudios realizados en el Hospital Infantil de México, según los cuales por el nivel de concentración de glucosa y sacarosa en las bebidas embotelladas, incluyendo jugos, al ingerir un litro diario aumenta en 1.5 kilogramos el peso corporal en sólo dos semanas.

Con relación a los refrescos de cola, el ácido fosfórico que contienen impide al organismo la absorción de calcio, mientras que la cafeína genera hiperactividad y en los niños se traduce en nerviosismo y trastorno del sueño.

Otro factor que ha contribuido al incremento del sobrepeso y la obesidad es que los mexicanos consumen mayormente grasas saturadas y trans. De ahí que en el proyecto de reglamento las organizaciones propongan prohibir productos fritos; eliminar la publicidad en escuelas y terminar con el patrocinio de la industria a cambio de exclusividad en el abasto de ciertos productos.