Para ello, proponemos enseguida algunas líneas de análisis.

Una historia triste... de relocalizaciones de poblaciones sin su acuerdo, hacia lugares inhóspitos y la mayoría de las veces, sin compensación ni la restitución de tierras fértiles equivalentes a los terrenos perdidos.

Estos cambios provocan mayor pobreza, depresiones y angustias entre las familias y comunidades, es una especie de desastre anunciado antes de su momento.

Los nuevos poblados suelen favorecer más a los contratistas de la obra que a los supuestos beneficiarios de los pueblos reacomodados.

No ha habido transparencia en el manejo de los proyectos ni sus presupuestos. Tampoco hay legislación pertinente sobre la materia.

Estos cambios también provocan mayor emigración hacia las ciudades del país y a los Estados Unidos.

Los ancianos suelen morir de "tristeza", poco tiempo después del abandono de sus casas y su pueblo tradicional.

Las iglesias evangélicas y algunos movimientos religiosos aprovechan la coyuntura de angustia para ganar más adeptos.

No hay asesoría jurídica eficaz para apoyar los reclamos de los afectados que exigen se respeten sus derechos.

Estos reacomodos causan mayor pobreza entre todos los afectados.

Surge la duda: ¿Cuál brazo del gobierno asume una responsabilidad ante estas poblaciones?

¿Quién se hace responsable de los costos sociales y ambientales de estas inversiones?

¿Cómo neutralizar los riesgos que surgen de los convenios que pactan las agencias del gobierno y las empresas privadas y que no toman en cuenta los derechos de los grupos afectados por las obras de construcción y la inversión?

¿Cuándo habrá una legislación destinada a proteger a los afectados por estos proyectos?

No se puede expropiar "por causa de utilidad pública" cuando la ganancia de todo el proceso queda en manos del sector privado.

El lector podrá analizar una serie de mapas de proyectos hidroeléctricos de gran escala anunciados para el futuro próximo.

Para ello le sugerimos revisar el sitio de Internet: www.mexicotm.com

No hay reglas claras para guiar las negociaciones inevitables a futuro.

Es urgente reconfigurar las reglas del juego que se establece cada vez que se proyecta una nueva obra hidroeléctrica, juego en el cual participan las autoridades, la iniciativa privada y la población afectada.

Sobre este último asunto, es urgente:

Calcular costos totales de la obra a fin de incluir, entre otras cosas:

• una restitución de tierras de cultivo afectadas por el embalse y por los campamentos de construcción;
• una participación ciudadana en el negocio de la venta de la energía eléctrica y/o el agua via fideicomiso;
• opciones en cuanto al diseño de casas y pueblos nuevos utilizando la participación de afectados y cominando en ello la tecnología de punta y la sabiduría tradicional;
• crear un fondo para mitigar el costo ambiental

Es conveniente mencionar que, para ejercer el derecho de participar en el negocio derivado de los proyectos hidroeléctricos o de otra índole todas las familias o personas que resulten afectadas tienen el derecho de ganar con la obra:

• una compensación de cuatro salarios mínimos para la madre de familia de cada casa afectada por el embalse durante un periodo de 30 años (vida útil de la presa);
• una compensación de dos salarios mínimos para cada madre de familia impactada indirectamente por la obra, en pueblos que reciben damnificados y campamentos.
• la opción de recibir el valor de una casa nueva y no ir hacia algún nuevo poblado diseñado sin tener en cuenta el parecer de las poblaciones afectadas por la obra.

Como antecedentes de estas propuestas mencionamos:

Restitución de tierras en el caso de la presa Zimapan, inaugurada por la CFE en 1994;

Creación de la Fundación Pehuen con una participación accionaria en el negocio de la presa hidroeléctrica Pangue sobre el Río Bío Bío en el sur de Chile;

Proyectos de autoconstrucción en distintos estados mexicanos;

Disponibilidad de información geográfica útil;

Probada eficacia de la investigación participativa.

Cabe agregar algunas líneas sobre la Fundación Pehuen:

Esta Fundación chilena recibió en 1992 una participación del .037% de las acciones de la empresa privada, Pangue, SA, creada para construir y operar la presa hidroeléctrica.

La Fundación tiene como objetivo realizar obras y proyectos para beneficiar a las 242 familias impactadas por los campamentos de construcción de la presa.

Existe una controversia sobre la administración de la Fundación que no tuvo la independencia esperada por los Pehuenches y las ONG evaluando el proceso.

Las poblaciones afectadas por estas obras tienen el derecho de no ir a un nuevo poblado.

Esto implica que tengan la opción de recibir una compensación por el valor de la casa que no se va a construir.

También existe el derecho de participar en el diseño de los nuevos poblados donde uno está dispuesto a vivir —implica lotes urbanos de tamaño adecuado, cocinas externas, bodegas para herramientas y cultivos, etcétera.

Para abrir boca sobre el tema, ofrecemos un cálculo mínimo del costo social de los desplazamientos ocasionados por la presa La Parota (ingresos sacrificados por causa de la obra).

Impacto directo (desplazados por inundación) = 1,000 familias

Impacto indirecto (vecinos afectados) = 2,000 familias

Total = 3,000 familias aproximadamente.

Ingreso anual de los desplazados (a cuatro salarios mínimos por familia al día): $190 x 25 días x 12 meses x 1000 familias = $57 millones al año.

Ingreso anual de los afectados (a dos salarios mínimos por familia al día): $85 x 25 días x 12 meses x 2000 familias = $51 millones al año.

Costo total por los 30 años (vida útil de la presa): $57m + $51m x 30 = $32.4 mil millones de pesos al valor 2004.

Falta agregar el costo de la construcción de los nuevos poblados y la compra de tierras de restitución.

Otros costos asociados

Los costos de los nuevos poblados —infraestructura, casas, calles, agua potable, desagüe, escuelas, mercados, caminos, etc.

El valor —difícil de calcular— de la destrucción del medio ambiente, acuíferos, los esteros de la costa, etcétera.

El costo de montar un sistema de información confiable, útil y veraz al servicio de todos durante el proceso y después.

El proyecto de La Parota afecta a vecinos pues los pueblos inundados invaden a los pueblos vecinos y esto genera conflictos.

La presa afecta al flujo de agua en el río y así impacta sobre los pueblos y la región debajo de la cortina de la presa.

Es un proyecto mucho más complejo que se aprecia en el estudio de impacto ambiental de la UNAM lo cual merece revisar y ampliar de acuerdo a criterios internacionales.

Existe mucha información sobre el proyecto y la región de su impacto directo e indirecto, pero no se difunde.

Es información no validada por las familias de las comunidades afectadas.

No puede haber proyecto sin el consenso de los afectados.

El reto hoy es reconocer todos los aspectos y costos de estos proyectos, y reconfigurar su diseño según un modelo distinto que no deprede social, ambiental y económicamente a las poblaciones directamente afectadas.

Implica acordar una investigación participativa con los afectados, quienes serán socios del proyecto con derecho de controlar la información sobre ellos mismos y su hábitat.

Buscar información relevante y confiable al crear alianzas con el sector universitario y con ONG con experiencia y seriedad.

Requiere un alto nivel de transparencia en el manejo de la información y compartir herramientas para la toma de decisiones en cuanto a la planeación de los cambios y el manejo postobra.

El proceso también obliga a un nivel de colaboración entre pueblos, asunto jamás visto dentro de un marco jurídico claro.

Obliga al Estado y sus agencias y socios a "jugar derecho".

Las presas no tienen que crear más "víctimas del progreso".