Mapa regional de Acapulco

La Parota es un megaproyecto de presa hidroeléctrica, como ya hubo varios en México, que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) espera construir al norte de Acapulco en el estado del Guerrero: 17 mil hectáreas de tierras cultivables y de bosques inundados, 25 mil campesinos afectados según los opositores; 3 mil 500, según la CFE.

Este proceso ha generado una resistencia fuerte por parte de los afectados desde hace más de dos años, ya que sigue un modelo de carácter colonial como es común en México, especialmente con la población rural e indígena. Otra vez, las comunidades enfrentan no sólo a una paraestatal que quiere imponer su voluntad en su área de vida y proceder a lucrar con la energía extraída, sino también a políticas gubernamentales que, al promover la instalación de un megaproyecto de presa bajo la premisa de que mejorará la situación macroeconómica de la región y del país, promueven conflictos sociales y ambientales.

La CFE tiene un expediente largo en materia de expulsión forzosa por motivo de construcción de presas y por no haber cumplido compromisos o haberlo hecho a medias. Son numerosos en el país los afectados que esperan todavía que "la CFE pague", a veces desde hace más de 40 años, atrapados en una colonia urbana extemporánea, sin fuentes de empleo, sin restitución de tierra alguna.

Es dentro de este panorama impune e injusto, que La Parota se perfila como un capítulo más en la triste historia de un Estado autoritario.

En la propuesta o construcción de nuevas presas, vemos repetirse actualmente un fenómeno relativamente común en México, una persecución anticampesinos, con las propias palabras de algún funcionario ("¡indio pendejo!"), sus identificadores (pobreza...) y sus muy concretas leyes de persecución (contra la propiedad comunal de la tierra, en particular).

La idea común a muchas políticas censatarias (exclusión de los pobres) se hace oír de nuevo: "esta gente es demasiado pobre, ellos no sirven para nada mientras que sus aguas y sus tierras podrían ser útiles a la nación".

La relación de conflicto que los campesinos de la región afectada por el proyecto La Parota mantienen con el poder es testimonio de su exclusión, de su deslegitimación como ciudadanos y del no reconocimiento institucional de su presencia en su propio territorio. Es esencial ver que la precariedad y la marginación de las comunidades en gran parte fueron construidas desde la intervención institucional.

Los pueblos fueron y siguen siendo sometidos a acciones de expulsión cuyas motivaciones son múltiples (presa La Venta, Autopista del Sol, La Parota), pero siempre por razones de "interés económico mayor" u "obras de utilidad publica" que no benefician a dichas poblaciones afectadas por el despojo. ¡Vaya a hablar de integración económica a gente a quien se niega de manera manifiesta la calidad de personas!

Lo que han dicho muchos campesinos es esto: "Somos de este país y todo pasa como si el Estado no nos contara, ¿acaso no somos nosotros la nación?" El Estado por su parte se apresuró a validar esta declaración, promulgando una serie de medidas discriminatorias y represivas, como chantajear las ayudas de Procampo, del Programa Oportunidades y quitar la policía comunitaria de las comunidades mayoritariamente opositoras.

Lo más increíble en los recientes acontecimientos es la disposición tomada por el Estado. Es notable –e inquietante– constatar la facilidad con la cual una lucha de comuneros y ejidatarios se circunscribe con asambleas amañadas, corrupción, amenazas y represión, y la facilidad con la cual eso ha sido aceptado por una amplia parte de la opinión controlada por el Estado, a pesar de la interminable cadena de denuncias por parte de organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil.

En 2004 se anuncian las primeras asambleas para que los ejidatarios aprueben el proceso expropiatorio y el cambio de uso del suelo. La ilegalidad de estas asambleas se hace sentir muy rápidamente cuando, a mediados de 2005, llegan a los núcleos agrarios campesinos de las comunidades más afectadas de Cacahuatepec, Los Huajes, Dos Arroyos y La Palma que representan el 63 por ciento de las tierras que serán inundadas.

Fue hasta finales de 2005 cuando la CFE mostró de lleno su capacidad para hacer genuflexiones. Se trataba de acabar lo más rápido posible y a como diera lugar con las asambleas para poder licitar, y con ello se desplegó todo un arsenal de corruptelas e ilegalidades en los tres niveles de gobierno.

Se ve al futbolista Jorge Campos prestarse, sonrisa feliz, al juego de propaganda impulsado por la CFE a través de spots publicitarios; jóvenes distribuir en la playa de Acapulco folletos que dicen que la presa La Parota garantizará 50 años de agua potable a Acapulco, cuando la misma Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) admite que la presa no tendrá que ver con el abastecimiento de agua para esta ciudad.

Se comprende que la propaganda y la mediatización prevalieron al establecimiento de una verdadera información dirigida a los afectados. Sale también a la luz pública el uso de la corrupción cuando el nuevo presidente municipal de Acapulco, Félix Salgado Macedonio, revela a la prensa que la paraestatal se ofreció financiarle toda su campaña, a cambio de que hiciera declaraciones a favor del proyecto.

En los años 90 del siglo pasado, este espectáculo parecía ser condenado a una desaparición cercana con las promesas de la CFE de implementar las medidas contenidas en el informe de la Comisión Mundial de Represas (CMR): ya no se podía, para obtener un préstamo del Banco Mundial, seguir implementando megaproyectos de presas que implican el desplazamiento de mucha población sin respetar sus derechos humanos más elementales, la destrucción de los ecosistemas y el daño al medio ambiente.

Pero parece que sí. Esta falta de esfuerzo para cambiar los métodos de implementación de la infraestructura energética del país muestra que la CFE sigue haciendo lo mismo desde hace 50 años con total impunidad. Llevó a cabo las asambleas de comuneros y ejidatarios sin respetar ni la Ley Agraria ni los usos y costumbres de los pueblos, usando a las corporaciones policíacas para intimidar e impedir la entrada a las asambleas los comuneros opositores, excluyendo así su participación en las políticas que les afectan, y generando enfrentamientos violentos.

Las convocatorias fueron ilegales en tiempo, lugar, modo y forma según lo estipula la Ley Agraria, y se orquestaron los mecanismos fraudulentos de siempre, recurriendo a prácticas de compra y coacción del voto, recolección de las credenciales de elector y ofrecimiento engañoso de obras, como la pavimentación de las calles de San José Cacahuatepec, una de las comunidades que va a quedar debajo de las aguas de la presa.

El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) interpuso demandas de nulidad de las asambleas comunales y ejidales desarrolladas en esos núcleos agrarios ante el Tribunal Unitario Agrario con sede en Acapulco. El 17 de enero el tribunal les concedió la razón al declarar la nulidad del acta de asamblea de los comuneros de Cacahuatepec llevada a cabo en San Marcos el 23 de agosto del 2005, así como de los convenios y acuerdos suscritos con la CFE.

Con todo, la paraestatal –que a pesar de todo ha iniciado su proceso de licitación– parece tener la firme intención de seguir negando los derechos de los campesinos de la Parota, repitiendo la misma historia de siempre.

A cambio de la inundación, la CFE, vía la Universidad Autónoma de Guerrero, propone "planes de desarrollo alternativo", pero en total contradicción con los impactos de la presa destacados en el Estudio de Impacto Ambiental y en el informe de la CMR.

¿Las dos grandes propuestas del "desarrollo sostenible" prometidos a cambio de la inundación del único bien que tienen los campesinos, o sea su tierra?

Una propuesta es el impulso a la pesca, sin tomar en cuenta que el agua será contaminada rápidamente como en todas las presas. Y por supuesto el turismo, opción riesgosa ya que faltarán adeptos a ir a broncearse delante de un embalse color café en temporada de lluvias, y menos aun cuando Acapulco y las playas del Pacífico se encuentran a una hora.

No hay aquí nada de nuevo, se trata "del método de desarrollo sostenible de la CFE" reproducido en muchas presas de México y que no ha dado hasta ahora resultados factibles.

El problema es que el proyecto no fue diseñado y no se está realizando ni en un marco legal ni en una lógica sustentable. No es un proyecto que se plantee cambiar la lógica del desarrollo, revertir las desigualdades y las exclusiones, sino que ofrece únicamente la continuidad de la inercia neoliberal.

Todo ello ha elevado el nivel del conflicto al grado de que la capacidad de resolverlo adecuadamente se ha vuelto una cuestión casi imposible.

Es tiempo de recordar la existencia de valores, principios y propuestas sociales más importantes que lo estrictamente económico, de implementar un sistema político democrático que asegure a sus ciudadanos una participación efectiva en la toma de decisiones y un desarrollo concordante con el derecho de conservar y mejorar la identidad campesino/indígena y la calidad de vida, respetando el medio ambiente para las generaciones futuras.

Antes de expropiar las tierras, la CFE ya tiene un pendiente largo, y la falta de diálogo del gobierno y de la paraestatal sigue alimentando la confrontación y alienta la división en los pueblos. Esta división ha ocasionado en el último año tres muertos, tres lesionados graves, cuatro detenidos y siete presos, sin contabilizar los múltiples heridos resultados de los enfrentamientos que ocurrieron en las asambleas.

Sería conveniente que la paraestatal contestase por lo menos a algunos interrogantes que hicieron los comuneros y los especialistas:

Primero, la alta sismicidad de la zona reconocida por los geólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México que pone en peligro no sólo el proyecto, sino las poblaciones locales.

Segundo, la degradación de las cuencas y de los recursos acuáticos en una zona árida que va a agravar este megaproyecto.

Zona afectada, si se construye la presa

Tercero, el peso de la deuda que se contraerá y que tendrá que reembolsar el pueblo mexicano.

El potencial energético, de 900 MW generados durante 50 años (en la óptica optimista), en un contexto de apertura y liberalización del mercado energético nacional, sería un excelente botín para empresas privadas. Operada por la CFE, La Parota será construida por empresas privadas y representa una inversión de mil millones de dólares, que infla la deuda de la paraestatal que ya aumentó considerablemente durante el sexenio del presidente Fox. Este esquema acaba con el mito de la justificación común de las expropiaciones para "obras de utilidad pública".

"Tal justificación fue utilizada en casi todos los proyectos de presa, cuando sólo es un disfraz jurídico para ocultar la transferencia de recursos públicos a manos privadas", confirma Scott Robinson, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Iztapalapa, que ha estudiado más de veinte años el asunto de las presas en México.

Tendría que acabar lo más pronto posible esta historia de siempre para que se evite la masacre que temen los campesinos y que puede ocurrir si no se cancela el proyecto La Parota.