Requiere una detallada justificación el hecho de que las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, y sus aliados en el gobierno de Guerrero, del sector agrario y la Secretaría del Medio Ambiente, Semarnat, hayan ignorado los avances del propio Estado mexicano en sexenios recientes en materia de presas hidroeléctricas y los desalojos involuntarios respectivos.

En efecto, el conflicto en la cuenca del Papagayo constituye un mal augurio y una invitación a la violencia entre los afectados y las autoridades pues éstas toman decisiones arbitrarias que contravienen a precedentes conocidos.

Al principio del sexenio del presidente Carlos Salinas (1988-1994), el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda y a petición de la CFE, inició una negociación para un préstamo de 470 millones de dólares para financiar la construcción de dos presas hidroeléctricas: Aguamilpa (Nayarit) y Zimapan (Querétaro e Hidalgo).

La solicitud coincidió con la culminación de una campaña internacional que contó con aliados entre funcionarios de buen nivel al interior del propio Banco Mundial (donde los Estados son socios y México hoy posee 1.18 por ciento de las acciones con derecho de voto), con el fin de "reformar" las directrices operativas del propio banco en el caso de préstamos para presas de todo tipo.

Además, se negoció, al interior del banco, una novedosa modus operandi para el monitoreo del organismo responsable en campo de la implementación de las mismas directrices en el curso del ejercicio de cada préstamo cuando la construcción de presas tenga impactos sociales y ambientales entre las poblaciones afectadas.

Esta reforma se implementó en México, por primera vez, dentro del portafolio de los diversos proyectos de préstamos en América Latina, durante la construcción de ambas presas en el transcurso del sexenio salinista.

Para cumplir con estos lineamientos, la CFE creó en 1989 la Gerencia de Desarrollo Social, la cual se hizo cargo de una nueva estrategia para la administración de los desalojos involuntarios. Abarcaba una mayor participación de los afectados en asambleas, la restitución de tierras cultivadas por inundarse en el nuevo embalse, consultas sobre el diseño de los nuevos poblados y las modalidades arquitectónicas de las casas proyectadas en los mismos, y un hecho insólito en la historia de proyectos nacionales: el monitoreo del proceso por otra institución del Estado, en este caso, el Instituto Nacional Indigenista.

Por haber participado en la campaña para presionar al Banco Mundial para realizar estas reformas, funcionarios del banco me comisionaron a fin de realizar un documental en video sobre el proceso de implementación de la nueva directriz operativa durante las obras para la planeación e implementación en campo de los desalojos involuntarios asociados con las presas de Aguamilpa y Zimapan.

Este video, originalmente de 60 minutos de duración, fue censurado por presión de la CFE, y el banco me obligó a "cortar secuencias sensibles" y reducir su tiempo en pantalla a 30 minutos. Se cumplió con la orden.

Sin embargo, años después, la versión original del documental, titulado Hay unos mas vivos que otros…, está disponible gratis en un servidor de Internet (www.bcnet.cc/baax/).

El video ofrece el perfil de diversos aspectos de los desalojos en cinco distintos proyectos hidroeléctricos en México. Algunos se enteraron de su disponibilidad y hoy día circulan copias de ese material entre los poblados por afectarse con motivo de la construcción de La Parota.

De esta manera, se enteraron de los antecedentes en las políticas de la Gerencia Social de la CFE a cargo del proyecto de presa sobre el río Papagayo.

No se entiende por qué la CFE hoy niega una estrategia exitosa en su propio pasado, una historia loable. Incluso un caso de vanguardia entre las "prácticas óptimas" en los anales del Banco Mundial y entre el amplio círculo de críticos de megaobras de infraestructura como son las presas.

Al no considerar la restitución de tierras y una metodología en campo ejercido con un respeto a la dignidad y los recursos escasos en poder de las poblaciones campesinas por afectarse dentro del embalse proyectado en Guerrero, la CFE metió el cambio en reversa.

En efecto, se propone repetir la estrategia tradicional, previa a las reformas logradas por las condiciones del préstamo del Banco Mundial, donde los afectados pagan la factura social que la empresa pública rechaza como su responsabilidad.

Podemos especular sobre los motivos de esta nueva política vieja. Dentro de la estrategia de este sexenio de promover megaproyectos con paquetes de financiamiento "mixto", se soslaya el impacto social y ecológico de dichas obras cuando la mayoría del capital invertido proviene del sector privado cuyo compromiso se enfoca estrictamente al "negocio" (insumos, obra, gestión).

Tampoco se contemplan audiencias públicas para reconciliar los intereses comerciales (la venta de energía eléctrica durante la vida útil de la presa, un promedio de 30 años) y el costo social de la obra. Al expropiar los ejidos y terrenos privados que requiere la construcción de la presa La Parota (área del embalse, espacios para nuevos poblados y los campamentos y talleres obligados) "por causa de utilidad pública", y luego entregar por licitación la construcción (y en ciertos casos hasta la operación de la presa), a un consorcio de empresas privadas, se cumple con los criterios del capital, pero se engaña al pueblo que será desalojado.

En este caso es evidente que la Gerencia de Desarrollo Social de la CFE no aboga para los intereses de los afectados, sino para los consorcios enfilados para participar en las licitaciones, tal como la prensa financiera viene indicando.

El fondo de la controversia sobre la proyectada presa de La Parota gira en torno al modelo de desarrollo energético del país. Es un tema soslayado y su complejidad abarca incentivos para promover el ahorro a fin de reducir el actual dispendio de la electricidad y las opciones tecnológicas que incluye las minicentrales hidroeléctricas, energía eólica y solar, además de lo promisorio de los experimentos con la energía generada por las olas del mar.

Cuando la iniciativa privada define las opciones de la agenda energética, no suele haber el debate público que las opciones merecen. Ello explica por qué no hubo consultas ni debates abiertos con los afectados de la cuenca del río Papagayo sobre las alternativas energéticas ante una presa que ellos rechazaron. Los riesgos sísmicos en la zona, la falta de tierras productivas en la zona costera para la restitución, y el impacto innegable al estuario costero no han sido considerados con la seriedad que los peritos en la materia reclaman.

Como consecuencia, se polarizó el asunto de tal manera que cualquier propuesta como base de negociación es hoy calificado de reformista e inaceptable. Sin embargo, ante la violencia inducida por las acciones de la CFE, hay una opción, controvertida, eso sí, y probablemente ahora demasiado tarde para su cabal consideración por parte de los afectados por el proyecto de La Parota, polarizados entre la oposición tajante y los que recibieron dinero a cambio de sus votos a favor en asambleas espurias.

Consiste en compensar a los afectados por arriba del castigado tabulador de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (www.cabin.gob.mx) y, además, hacer socia del consorcio ganador de la licitación que la CFE desea realizar a corto plazo a cada madre de familia, a través de un fideicomiso para cada poblado afectado.

A falta de una restitución de tierras fértiles, una política de "compensados y socias" recibiendo, como referencia, cuatro salarios mínimos durante la vida operativa de la presa, desde su inicio, sería otro antecedente que la CFE puede considerar hoy y en el menú de los proyectos a futuro.

El actual modelo de financiamiento mixto fracasará si no contempla opciones audaces en el desarrollo energético nacional.