Tlalnepantla, Méx. Una Juez de Control vinculó a proceso a seis trabajadores del restaurante-bar Black Royce, cómo probables responsables del delito de homicidio simple del empresario Íñigo Arenas Saiz, quien fue encontrado sin vida dentro del establecimiento el 6 de agosto; hubo dolo y uso de anfetaminas vertidas en una bebida de la víctima.

A las 01:50 horas del miércoles, la Juez del caso declaró sujetos a proceso legal a Aritzi Abril “N”, a las empleadas Ana Karen, Cecilia, Ana Karen, así como el capitán de meseros Eduardo “N” y el encargado de seguridad del restaurante-bar Black Royce, Carlos Daniel “N”, quienes fueron ingresados al Penal de Barrientos en calidad de imputados.

Durante la audiencia inicial que se prolongó por 16 horas, con cuatro recesos, uno de ellos por cinco horas, la Juez del caso encontró elementos suficientes para acreditar los elementos de prueba aportados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en contra de los ahora procesados.

En la declaración de vinculación a proceso, la juzgadora consideró como “no suficientes” los argumentos de la defensa de los acusados, que intentaron desvirtuar las pruebas de la Fiscalía para evitar la imputación hacia sus representados y probar que la víctima falleció por muerte natural por ingesta excesiva de alcohol.

Planteó que, aunque los detenidos protagonizaron conductas que conllevan un riesgo, ninguno de ellos las evitó y concluyeron con la privación de la vida de la víctima; “no abandonaron la ejecución de sus acciones”, dijo.

Narró que, con base a las pruebas de la FGJEM, el domingo 6 de agosto alrededor de las 03:11, el ahora occiso llegó en severo estado de ebriedad al restaurante Black Royce, ahí fue recibido por el responsable de seguridad y por el capitán de meseros, éste último le asignó una mesa a la cual llegaron las cuatro “acompañantes” quienes pidieron -al empresario- les invitara un tequila y ocuparon lugares a su lado.

Un taxista declaró ante el Ministerio Público que el cliente le solicitó que lo trasladara de Polanco, Ciudad de México, al Black Royce, ubicado en el municipio mexiquense de Naucalpan. Dijo que ya conocía el restaurante, pues ahí le pagan una gratificación de 300 pesos por llevar comensales o una comisión del 30 por ciento si los clientes se quedan en el establecimiento.

La Juez expuso que los testimonios del jefe de meseros, del guardia de seguridad, del taxista, las cuatro acompañantes y Ricardo “N” Gerente del restaurante, coinciden en señalar que la víctima ingresó al establecimiento, a pesar de que el servicio había concluido a las 2 de la madrugada.

Que el comensal fue invitado a pasar a la zona VIP para que estuviera más cómodo, pero le exigieron pagar cuatro botellas de champagne con un costo de 10 mil pesos cada una, pagando un total de 40 mil pesos por las bebidas; ya en el área exclusiva estuvo acompañado por las cuatro mujeres, quienes bailaban y bebían.

Alrededor de las 5 de la madrugada, la víctima tuvo un primer cuadro de inestabilidad. A las 06:39 minutos, el capitán de meseros y el Gerente lo bajan de la zona VIP, lo sientan en un sillón de la salida de emergencia en espera de los servicios médicos, cuando estos llegan confirman la muerte del comensal.

Ricardo “N” Gerente del restaurante, junto con siete involucrados, ofreció 20 mil pesos a la policía para que no investigara el hecho, debido a ello inició una denuncia penal en contra de los trabajadores por intento de soborno.

Sin embargo, días después, la Fiscalía aceptó al Gerente como testigo de oportunidad, debido a que este hombre reveló a la autoridad que vio cuando una de las trabajadoras echó al vaso de la víctima un polvo color verde, que regularmente emplean para bajar la ebriedad a los clientes y sigan consumiendo.

La Juez planteó que hubo uso de un polvo verde que llevó a la muerte de la víctima, y es aceptable la hipótesis de la FGJEM que establece que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por sofocación inducida en su modalidad de oclusión de vías respiratorias por contenido gástrico con presencia de alcohol y de sustancias químicas.

Insistió, que el lugar donde se desarrollaron los hechos fue modificado, que a la víctima le cambiaron de camisa y que la original, así como tres manteles del establecimiento, tenían restos hemáticos y gástricos, que al ser analizados confirman la presencia de etanol y anfetamina.

La togada concluyó que los seis imputados son probables culpables, coautores materiales del hecho delictuoso, debido a que actuaron en conjunto dolo en un acto consumativo, que pudieron detener, pero no lo hicieron.

Dio un plazo de tres meses para que la FGJEM concluya sus investigaciones. Estableció que será el 12 de octubre la audiencia.

Durante la audiencia, la defensa intentó acreditar que la muerte del empresario fue por causas naturales por la ingesta excesiva de alcohol, que la misma FGJEM asegura fue de 253 miligramos por litro.

Asimismo, a la audiencia llevaron a un perito legista y a uno en química, pero los testimonios de ambos fueron considerados como insuficientes por la juzgadora.

Compañeros de los imputados exigen su liberación

En tanto, en el exterior del edificio de Juzgados Orales y de Control, y durante 17 horas familiares, amigos y compañeros de trabajo de los seis imputados, impulsaron una manifestación para exigir la libertad de los acusados, pues insistieron que se les “fabricó un delito”.

Plantearon que las cuatro mujeres son madres solteras y que en este caso se está castigando trabajadores que no tienen que ver con la muerte del empresario, pues al contrario, no le negaron auxilio médico, pero la ambulancia tardó en llegar al restaurante.