Es probable que, de manera involuntaria, Elba Esther Gordillo haya dado un aval importante a Leticia Ramírez como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Más en busca de atención política que de credibilidad en sus análisis, dijo que con la ex directora de Atención a la Ciudadanía se entrega la mencionada secretaría a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Es una exageración evidente el pretender que la SEP está siendo entregada a la CNTE, así la secretaria Ramírez hubiera militado en tal organización décadas atrás. Por otra parte, Gordillo concentra en su historial la mayor descalificación posible para intentar erigirse en conciencia crítica de las luchas magisteriales o en defensora de la institucionalidad de la SEP (Felipe Calderón le pagó tareas electorales fraudulentas al colocar a su yerno, Fernando González Sánchez, como poderoso subsecretario de la estratégica área de la educación básica).

Recuérdese que Gordillo fue impuesta por Carlos Salinas de Gortari como relevo del cacique Carlos Jonguitud Barrios. Duró 24 años como máxima rectora del SNTE (de 1989 a 2013), siempre en confrontación con la CNTE, la histórica organización de maestros no oficialistas.

Enrique Peña Nieto la desmontó del liderazgo para imponer a uno de sus subalternos, Juan Díaz de la Torre. Estuvo en la cárcel, acusada de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Salió libre y sin cargos en agosto de 2018, cuando aún no tomaba posesión de la Presidencia Andrés Manuel López Obrador, pero ya tenía los hilos políticos en la mano, ante la virtual abdicación de fin de sexenio de Peña.

Escindida del Partido Revolucionario Institucional por un pleito con Roberto Madrazo Pintado, se acomodó con Felipe Calderón Hinojosa y ha sido señalada como recaudadora de votos entre gobernadores priístas para fabricar la ínfima diferencia oficial (0.56 por ciento) con la que el entonces panista se alzó con la Presidencia de la República. Como se señaló líneas atrás, tal mapacheo fue pagado con nombramientos en cargos jugosos para gordillistas: Lotería Nacional e Issste, además de la subsecretaría familiar en la SEP.

En 2017, Elba Esther apoyó a Delfina Gómez para la gubernatura del estado de México y en 2018 aportó “vigilancia electoral” paralela (a través del PT) para López Obrador, en una alianza forzada y nunca reconocida que, si acaso, sirvió para no objetar la excarcelación de la profesora chiapaneca y para alimentar la posibilidad, luego fallida, de obtener registro para un nuevo partido: Redes Sociales Progresistas.

Ahora, Gordillo ensaya un rol de distanciamiento del obradorismo, en apuesta a favor de una de sus “debilidades políticas”, el canciller Marcelo Ebrard, como candidato presidencial de Morena-gobierno o, sobre todo, por fuera del partido oficial. Por lo pronto, se vale de la nueva secretaria, Leticia Ramírez, para tratar de reposicionarse políticamente.

La solicitud de desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas, autodenominado Alito, estaba más que cantada. Es una de las consecuencias del ruidoso desencuentro entre el presidente del PRI, tan obsequioso con Morena-4T en temas legislativos y políticos estratégicos durante una larga temporada, y Palacio Nacional, a la hora de votar la reforma eléctrica.

Alito ha sido colocado en una ruta que le llevaría al desafuero y, luego, a su procesamiento judicial bajo señalamiento de corrupción durante el tiempo que fue gobernador de Campeche. Tan sólo por el expediente de la mansión que se construyó en la capital de ese estado, parecería no tener escapatoria. Lo interesante será ver si sus aliados actuales, Acción Nacional, lo que queda del PRD y el gerente general de Va por México, siguen mostrando solidaridad (que podría llegar a complicidad) con Alito y su estela de corrupción.

Y, mientras el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, ha reiterado su postura de que los asuntos de seguridad pública corresponden al ámbito del poder civil, ¡hasta mañana!

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