Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó las reformas constitucionales aprobadas desde los sexenios de Carlos Salinas de Gortari hasta el de Enrique Peña Nieto, hechas para “legalizar corrupción, injusticias y robos”.

Como uno de los principales ejemplos, expuso la que creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para regular el sector.

“Ese instituto está controlado por los llamados agentes económicos preponderantes. Se supone que se creó para combatir los monopolios, pero con esa reforma constitucional tienen más fuerza que el presidente de la República”, advirtió el mandatario.

También, lamentó que dicha modificación impide al Estado acceder a una concesión para ofrecer el servicio de Internet gratuito en el país, y sólo se le permite operar en los sitios donde no tienen cobertura las empresas del ramo, ya que se considera competencia desleal.

Luego de retar a sus opositores a mostrar alguna modificación que haya avalado en beneficio del pueblo el “bloque conservador” de ese periodo, presentó en la mañanera de Palacio Nacional un listado de 19 de las 136 reformas que consideró “redactadas por consigna y a modo”, donde “potentados, políticos, funcionarios y legisladores exigían el beneficio de particulares, sin importar el interés público”.

Dicho argumento, apuntó, lo expresa en su libro Hacia una economía moral, del que retomó el listado referido, que ordenó presentar en una pantalla del salón Tesorería, en respuesta a una de las preguntas formuladas en la conferencia de ayer.

Destacó que aunque muchas de las reformas se han revertido en su sexenio, con otras no se ha logrado, porque las dejaron “bien amarradas” y no se puede recurrir a decretos para ello, agregó.

De los 19 ajustes a la Constitución que analizó, al gobierno de Salinas corresponden seis; al de Zedillo, cinco; Fox, uno; Calderón, dos, y el resto al de Peña. Desde la primera, en 1989, y con leyes avaladas ya sea por PRI, PAN, PRD, o por dichos partidos en su conjunto, se estableció “la venta de importantes empresas públicas”, así como la privatización de la banca y adecuaciones para la enajenación de tierras ejidales, lo que derivó en que hoy existan “enormes latifundios en manos de supuestos ejidatarios inmensamente ricos, y se despojó a miles, si no es que a millones, de dueños originarios de los predios”.

También cuestionó los cambios en el sistema ferroviario y para la generación de energía eléctrica por particulares; el Fobaproa; el ajuste a la ley minera, que benefició principalmente a las empresas Peñoles, Grupo México y Carso; la ampliación del IVA, primero a 15 y posteriormente a 16 por ciento; el incremento del ISR y la creación del sistema de Afore con altos cobros de comisiones.

De las que se crearon con el llamado Pacto por México, recordó que se dio pie a “la reforma energética, para entregar 20 por ciento del potencial petrolero del país a empresas y particulares nacionales y extranjeros, así como permitir el aumento ilimitado de la participación privada en la generación de electricidad”.

Por ello, concluyó que aunque los conservadores “ya se quitaron la máscara, antes aparentaban que eran distintos. Sin embargo, expuso, ya votaban juntos todas las reformas a la Constitución que afectaban al pueblo, a los trabajadores, y beneficiaban a minorías nacionales y extranjeras”.

Respecto a su gestión, insistió en que aún restan dos o tres iniciativas pendientes de ser avaladas para contrarrestar las reformas anteriores, pero reconoció que “está complicado y difícil” por los votos requeridos en el Congreso, ante lo cual los opositores “se cerraron; están en huelga”. De todas formas mantendrá las iniciativas, ratificó.