Los arteros y absurdos asesinatos de los misioneros jesuitas Joaquín Mora Salazar y Javier Campos Morales –masacrados el lunes junto con el guía turístico Pedro Palma por sicarios en el templo de Cerocahui, Chihuahua– han causado una profunda indignación en la Iglesia católica y de otros cultos, que reclaman que se revalúe la política de seguridad porque no está surtiendo efecto, de acuerdo con Bernardo Barranco Villafán, experto en temas de religión y colaborador de este diario.

En entrevista telefónica, asegura, los religiosos están viviendo en carne propia esta situación de inestabilidad que se vive a nivel de los vasos capilares de la sociedad, sobre todo en las zonas apartadas, como la región Tarahumara, donde la labor de la Compañía de Jesús se remonta al siglo XVII.

Expone que las muertes de los dos sacerdotes han llevado a la Iglesia a pedir que se repiense la política de seguridad. No basta pregonar que se están atacando las causas de la violencia que se encuentran en la pobreza, la marginación y la exclusión, que probablemente son políticas que tendrán efecto a largo plazo, lo que demanda la sociedad es protección en el corto plazo. El reclamo que están haciendo las iglesias es que se revalúe la política de seguridad, porque no está dando resultado.

Se trata de “una postura que asumen diferentes estamentos religiosos que en cierto sentido son outsiders y se salen del juego perverso que tiene la oposición de achacarle cualquier defecto al gobierno federal y a Andrés Manuel López Obrador. La Iglesia en este caso representa a un tercero que no está en este juego y dice: ‘Presidente, esto no está funcionando’”.

Indefensión

Los asesinatos de Mora Salazar y Campos Morales muestran la realidad del país. Si los delincuentes son capaces de asesinar de esa manera tan fría y brutal a dos sacerdotes, que no solamente son portadores de sacralidad en la región, sino que son figuras de alto peso moral, qué no son capaces de hacer con la demás población que no tiene estos distintivos, considera Barranco.

Consultado sobre las voces que señalan a la Iglesia de permitir operar e incluso colaborar con grupos delincuenciales en distintas zonas del país, advierte que se trata de “afirmaciones muy delicadas que quien la hace las tendría que probar.

No es la primera vez que se plantea esto. En Guerrero, el obispo (de Chilpancingo, Salvador) Rangel negoció en plena campaña electoral con el crimen organizado la posibilidad de que dejaran votar a la población. Esto creó mucho desconcierto en la sociedad política. Ante la ausencia del Estado, la Iglesia, que está presente en estos lugares apartados y abandonados, tiene un papel de mediación, explica.