Aparecieron a finales del siglo XIX en Estados Unidos, cuando los médicos definieron la homosexualidad como enfermedad cerebral. Para eliminarla, recurrían a diversos métodos: desde la lobotomía y los electrochoques, hasta tratamientos con testosterona.
Hace medio siglo, en ese país, la Iglesia Evangélica de América del Norte las puso en práctica a gran escala y las promovió internacionalmente. Hoy las realizan en más de 40 países y también con el apoyo de grupos afines a la Iglesia católica. Son las “terapias de conversión” y en ciertos casos las atribuyen al demonio. No incluyen a las mujeres en ellas.
A los salvajes sistemas de antaño agregaron formas más modernas de “curación”, sin descartar la tortura: tratamientos sicológicos, seudocientíficos, prácticas religiosas y acompañamiento familiar a quienes padecen una “enfermedad” que en 1990 la Organización Mundial de la Salud descalificó como tal.
Esas prácticas “curativas” atentan contra la integridad física y mental de las personas al intentar obligarlas a renunciar a su sexualidad; en vez de curar, causan más daño y violan los derechos humanos más elementales. Naciones Unidas definió dichas terapias como una forma de tortura.
Recientemente el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para perseguir dichas terapias en su país. La orden asigna más recursos a la salud mental del colectivo LGBT, a la prevención del suicidio y a evitar el acoso, problemas graves entre los jóvenes que viven en entidades donde las leyes limitan los derechos de las personas LGBT.
El parlamento de Francia fue más allá que Biden: prohibió de manera unánime dichas terapias por “bárbaras”, y las penalizó. Los parlamentarios las calificaron de “indignas, pues ser uno mismo no es delito, porque no hay nada que curar”. Además, para que se respeten los derechos de la comunidad LGBT y se fomente la igualdad.
En otras naciones están prohibidas y sus autores son sancionados. La Ciudad de México lo hizo en 2020. Después lo hicieron el estado de México, Tlaxcala, Colima, Zacatecas, Yucatán y Baja California Sur. Pero falta la norma constitucional que las prohíba y sancione en todo el país. Una iniciativa con ese fin fue presentada en el Senado. Prometen aprobarla en septiembre próximo. Se han tardado en hacerlo. Ojalá ahora sí cumplan con su deber en bien de los derechos de las personas.
