De enero de 2018 a mayo de este año, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) ha atendido mil 940 expedientes de queja por la violación de esas garantías a personas que laboran en la vía pública.

Durante la presentación de la caja de herramientas: trabajo en el espacio público y movilidad, su titular, Nashieli Ramírez, señaló que 51.3 por ciento de las personas económicamente activas están ocupadas en la economía informal.

Un alto porcentaje desarrolla sus actividades en el espacio público, donde se pone en juego el ejercicio de muchos derechos, entre ellos la movilidad y el trabajo, como refiere dicho estudio.

Detalló que el primer derecho lesionado, de acuerdo con las quejas relacionadas con el comercio en vía pública, es el de la integridad personal, seguido de la petición de seguridad a las autoridades y al trabajo.

De esta manera, 44 por ciento de los servicios proporcionados por la CDH corresponden a protección y defensa; “es curioso mencionar que el año con más atención fue 2021, en el que había menos expedientes sobre comercio informal”.

La línea del estudio, elaborado por el Instituto de Políticas de Transporte y Desarrollo, “es acertada al garantizar los derechos al trabajo y movilidad, además de disminuir la lesión de otros derechos, como el de integridad personal o seguridad jurídica”.

Berenice Pérez y Gonzalo Peón, integrantes del instituto, consideraron que en el Centro de Transferencia Modal de Tacubaya es posible que coexistan las personas que transitan con las que trabajan mediante una redistribución espacial.

“Ojalá se pudiera reconocer nuestro trabajo como una función social, pues ofrecemos alimentos o cosas que necesitan u olvida la gente”, expresó Tere Pérez, trabajadora desde hace 45 años en ese lugar.